El TSJC procesa a Laura Borràs por corrupción y la deja a un paso de juicio

El juez cierra la instrucción y da diez días a la Fiscalía para que emita su veredicto. La causa puede precipitar su salida del Parlament y sitúa la carrera política de la presidenta de Junts en el abismo

Laura Borràs está a un paso de ser juzgada por cuatro delitos de corrupción. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha procesado por segunda vez a la presidenta del Parlament y lideresa de Junts por presunto fraude en contratos para beneficiar a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre marzo de 2013 y febrero de 2017, antes de su salto a la primera línea política.

En concreto, el Alto Tribunal ha cerrado la instrucción y da un plazo de 10 días a la Fiscalía para que se posicione –comunique la pena que solicita– y decrete la apertura de juicio oral. La posconvergente y nueva presidenta del partido de Carles Puigdemont queda ahora a un paso de sentarse en el banquillo a la espera de los escritos de las partes.

En un auto emitido este miércoles a mediodía coincidiendo con el pleno del Parlament, el tribunal informó de que cierra la instrucción de la causa y procesa a Laura Borràs y a tres sospechosos más por los presuntos delitos de prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación continuada, todos asociados a la corrupción.

El instructor ya les había procesado en marzo pero Borràs recurrió la decisión alegando que se había vulnerado su derecho de defensa. Entonces, el tribunal estimó el recurso y retomó la instrucción. Ahora, tras haber llevado a cabo nuevos interrogatorios, la da por terminada otra vez y la vuelve a procesar. En este nuevo periodo de instrucción, el juez recabó unos audios en los que, tras saber que se estaba investigando el caso, Borràs pedía a un funcionario de la ILC que le avisara «en seguida» si los Mossos d’Esquadra volvían a preguntar por los contratos investigados.

Según el TSJC, los indicios en este procedimiento, «evidenciarían» que Borràs «abusó» de sus funciones como directora de la ILC dictando «resoluciones injustas» para adjudicar 18 contratos menores, «con plena conciencia» de que «entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público», para «favorecer» a un amigo. Y el instructor ve indicios de que Borràs y su amigo Isaías H.se pusieron de acuerdo para que él cobrara a través de contratos menores «un contrato anual encubierto» en la institución cultural, en palabras que usó él mismo al explicarlo a otro procesado en la causa por presuntamente ayudarle. Según el magistrado, todo apunta a que Borràs «omitió» una concurrencia pública a los concursos para favorecer los intereses del mencionado Isaías H.

Con este procesamiento, la situación política de Laura Borràs –el segundo cargo institucional de Cataluña por detrás del president Pere Aragonès– queda en el alambre y podría resolverse en las próximas semanas pese a que la dirigente aún puede presentar recurso ante el TSJC. Eso sí, de confirmarse la apertura de juicio oral por parte del Ministerio Fiscal, la presidenta del Parlament podría quedar suspendida de su cargo y funciones, por lo que el cierre de la causa deja su carrera abocada al abismo.

Y aquí entra el juego el reglamento del Parlament y su artículo 25, que indica en el punto 4 que la Mesa debe «acordar la suspensión de los derechos y deberes de los parlamentarios de forma inmediata» cuando se decrete apertura de juicio oral –algo que puede hacer el TSJC tras la posición de la Fiscalía– y en caso los delitos asociados a la corrupción como los que se le imputan a Borràs. La propia dirigente maniobró hace unos meses para modificar este punto y se topó con el rechazo de todos los partidos, incluso de ERC y la CUP. De hecho, la inclusión de este artículo fue una iniciativa de los antisistema que republicanos y posconvergentes aprobaron en la cámara en 2017 en el marco de la negociación sobre las leyes de ruptura.

Otra de las vías que lleva intentando Borràs es enmarcar su caso por corrupción en la supuesta persecución judicial contra el independentismo, algo que en ERC y la CUP ven con recelo. Sea como fuere, lo cierto es que su futuro político puede quedar en manos de la CUP y especialmente de Esquerra tras el escrito de acusación de la Fiscalía, el último trámite para la apertura de juicio oral contra la recién escogida presidenta de Junts. Por ahora no se espera una maniobra relámpago y el independentismo prevé aguardar al escrito de la Fiscalía para decidir qué hacer con Borràs, el principal alfil de Junts en el tablero.