El pistolero de Tarragona consigue la eutanasia

El juzgado de Tarragona ha decidido no paralizar la eutanasia al vigilante de seguridad que el pasado 14 de diciembre irrumpió a tiros en la empresa donde trabajaba y más tarde se atrincheró en una masía y protagonizó un tiroteo de película con la Policía catalana. Vecino de Alcover y de origen rumano, Marin Eugen Sabau, pidió la muerte asistida.

Sabau, de 46 años, está ingresado, cumpliendo condena, en el hospital penitenciario de Terrassa y sufre una lesión medular desde que fue abatido por los Mossos d’Esquadra durante su huida después de atacar a sus ex compañeros de Securitas.

Desde el principio, la petición de la eutanasia tiene el aval del médico de Sabau, conocido como ‘el pistolero de Tarragona’, y la petición de formalizó al juzgado de instrucción número 5 de Tarragona, que es el que está investigándolo por media decena de intentos de homicidio, tenencia de armas y atentado.

Sabau se hizo una «lesión medular incompleta» cuando el equipo los Mossos d’Esquadra consiguieron detenerlo en la masía abandonada donde se había escondido, disparándolo en los brazos y las piernas. Según afirmaron fuentes cercanas a la investigación, después de la detención, los médicos le amputaron una pierna y la lesión medular que sufre le provoca actualmente «una importante dependencia y dolor neuropàtic». También según estas fuentes, algunas de las acusaciones, que representan a diversas de las víctimas del ataque de Sabau, pedirán que se paralice el proceso de autorización de la eutanasia.

Ahora ha recibido el OK médico, mientras sigue ingresado en el hospital penitenciario de Terrassa. En estos momentos, «tras haber comenzado las medidas pertinentes a nivel médico para mejorar la sintomatología, reitera su idea de continuar la tramitación de la eutanasia, con expreso deseo a que se le facilite la posibilidad de morir de manera asistida».

El equipo de la médico del citado hospital que le atiende, tras exponer el caso en sesión clínica y «consensuado pertinentemente con los equipos y departamentos involucrados», ha aceptado que el acusado inicie el procedimiento para recibir la eutanasia, con el enorme debate jurídico que ello suscita.

Los hechos se remontan al pasado 14 de diciembre, cuando Sabau –vecino de Alcover y de 46 años–, accedió, vestido de mujer, a la sede del Securitas de la Plaça de la Mitja Lluna de Tarragona. Hacía unos meses que había sido despedido por la empresa y ya había amenazado a sus compañeros. Ese día, disparó varios tiros contra el gerente de la compañía y otros trabajadores, dejándoles heridos.

Después, Sabau huyó y disparó contra un agente de los Mossos, que le identificó. Finalmente se atrincheró en una masia abandonada de Riudoms, y los GEI montaron un dispositivo para detenerle. La vía de negociación fracasó y Sabau siguió disparando, hasta que acabó cayendo por los disparos de respuesta de los agentes.

En el suceso resultaron heridos tres empleados de la empresa de seguridad y dos agentes de los Mossos, durante su huida. En el tiroteo en la masía, Marin Eugen fue abatido y conducido en estado crítico en un helicóptero al hospital. De 46 años, sufre una lesión medular irreversible como consecuencia del impacto de una bala. Fue ingresado en un primer momento en el Valle de Hebrón de Barcelona y más tarde fue internado en prisión preventiva en el hospital penitenciario de Terrasa, donde solicitó la eutanasia. Según el equipo médico, reunía los requisitos para poder acabar con su vida de manera voluntaria.

En cambio, los dos mossos heridos en el intento de huida del pistolero recurrieron ante el juez la autorización de la eutanasia. Alegaron vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, reclaman que antes de morir sea juzgado por los delitos por los que se le acusa de tentativa de homicidio, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas.

Precisamente, el juzgado 5 de Tarragona rechazó el recurso presentado por el abogado de los dos agentes y ha decidido que «no procede acordar el cese o la interrupción del proceso de la eutanasia».

La magistrada Sonia Zapater argumenta, en un auto del 6 de julio, que la ley que regula la eutanasia «no atribuye competencia alguna al juez instructor para decidir acerca del proceso de eutanasia». La decisión, remarca la jueza, «corresponde a los médicos» y a la Comisión de Garantía y Evaluación. «No existe ninguna previsión legal que permita a un juez instructor interferir en un proceso que está regulado en una ley orgánica en cuanto que afecta a derechos fundamentales», señala.

La magistrada entiende que podría producirse en este caso una «colisión de derechos fundamentales». Por un lado, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad y a la autonomía personal de quien decide poner fin a su vida, frente al «derecho a un juicio justo» por parte de las víctimas.

La jueza advierte además a las víctimas que el derecho a un juicio justo no debe interpretarse como un «derecho al castigo». «Se comprende la desazón de las víctimas», señala.