Hablamos Español apoya llevar la ley del catalán al TC para que declare su “inconstitucionalidad”

La entidad Hablamos Español ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que apoya llevar la ley y el decreto ley sobre el catalán en las aulas ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se declare su “inconstitucionalidad”.

Lo ha hecho en un escrito, después de que los magistrados pidieran a las partes que se pronunciaran sobre la posibilidad de elevar una cuestión de inconstitucionalidad al (TC) tras constatar la imposibilidad “legal” de aplicar el 25% de castellano con la nueva normativa.

Según los abogados de Hablamos Español, el nuevo marco legal sobre las lenguas en la enseñanza en Cataluña es fruto de un “uso desviado” de la potestad legislativa que, a su juicio, buscaba evitar dar cumplimiento a la sentencia del 25% de castellano en las aulas.

Para la entidad, la ley y el decreto ley presentan un “nivel de inconstitucionalidad grotesco”, puesto que al considerar al castellano lengua curricular le niegan, a su parecer, la condición de vehicular que le ha reconocido el propio TC junto al catalán.

En su escrito, los abogados de Hablamos Español recuerdan que la cuestión de inconstitucionalidad no permite suspender automáticamente la ley, a diferencia de si la normativa fuera recurrida por el presidente del Gobierno.

Por ello, piden que antes de suspender la ejecución del 25%, los magistrados requieran “con carácter previo a la representación del Ministerio de Educación para que manifieste si el presidente del Gobierno va a interponer” un recurso contra las dos nuevas normas.

Las asociaciones Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana, presididas por Gloria Lago y Ángel Escolano, respectivamente, presentaron hace un mes han presentado, ante Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, denuncia contra el Consejero de Educación, González Cambray, y otros altos funcionarios de su departamento, por los delitos de desobediencia a los Tribunales y por prevaricación. El primer delito acarrearía una pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. En el caso del delito de prevaricación podría suponer de siete a diez años de inhabilitación.

El 16 de diciembre de 2020 el TSJC dictó Sentencia, a instancias del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que obligaba a la Generalitat a “adoptar las medidas que sean necesarias a los efectos de garantizar que, en los sistemas comprendidos en el sistema educativo de Cataluña, todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso”. Esta Sentencia fue recurrida sin éxito por la Generalidad quedando, por lo tanto, firme la sentencia del TSJC.

En fecha 21 de enero de 2022 el Tribunal comunicó a la Generalitat que la sentencia era firme.

El 4 de mayo se requirió al Consejero de Educación para que dictara instrucciones a todos los centros educativos de Cataluña. En el plazo de 15 días debía adoptar las medidas necesarias para que al menos el 25 por ciento de las clases, se impartan en español/castellano en todos los centros. Dicho plazo terminaba ayer, día 31de mayo, sin que se haya dictado resolución en tal sentido, antes al contrario, han dictado instrucciones en las que se insta expresamente a desobedecer el mandato efectuado por la Sala.