El Parlament que deja Borràs: insólito vacío de poder, desacatos y pugna con los trabajadores

La negativa de Laura Borràs a dimitir pese a ir a juicio por corrupción –pendiente únicamente de la fecha– no sólo obligó a los partidos a suspenderla temporalmente sino que ha abocado al Parlament a una situación de interinidad insólita, nunca vista en la política catalana. Alba Vergés (ERC), vicepresidenta primera, asumirá sus funciones de forma interina, aunque la silla sigue vacante tras la negativa de Junts a relevar a su principal activo en las instituciones. Y las carpetas que deja la dirigente posconvergente son variadas y espinosas, con fuegos por apagar en manos de los republicanos.

El nuevo periodo de sesiones empieza este martes 16 de agosto, aunque la actividad parlamentaria ordinaria está previsto que arranque a partir del 1 de septiembre, y la vicepresidenta primera de la Mesa, Alba Vergés, asumirá todas las funciones de la presidencia. De hecho, su puesto y cómo resolver la situación será el primer embrollo al que se enfrentará: el PSC presiona para sustituir a Borràs, Junts se niega en redondo y está en el aire un hipotético cambio entre la propia Vergés y Aurora Madaula para que esta última, posconvergente, asuma el control de la cámara. Una polémica que sitúa a ERC de nuevo en el ojo del huracán, con los Comunes exigiendo también que se resuelva cuanto antes el caso Borràs.

El primer pleno del nuevo curso parlamentario será el Debate de Política General el 27 de septiembre, con la intervención del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, seguida de los distintos grupos parlamentarios. Entonces, la sesión se suspenderá durante dos días y se retomará el 30 del mismo mes, cuando se hará el debate y votación de las propuestas de resolución.

Una prueba de fuego doble para ERC: primero, porque previsiblemente Vergés ya presidirá la sesión y acaparará focos tras la suspensión de Borràs; y segundo, por las algaradas y las amenazas de Junts, que busca este pleno para lanzar un nuevo desafío y poner contra las cuerdas a los republicanos. Los posconvergentes agitan una «segunda vuelta» del «procés» a partir del quinto aniversario del referéndum ilegal del 1-O y habrá que ver cómo responde Pere Aragonès al envite en plena fase se deshielo con el Gobierno.

Otra de las asignaturas pendientes es el voto delegado de Lluís Puig (Junts), tumbado por el Constitucional al estar huido en Bélgica y que Borràs ha permitido de boquillas. Tras llegar a un acuerdo con los partidos independentistas de la Mesa de oficializarlo en las actas, aún está por materializarse un órdago que supondría un nuevo desacato a los tribunales. En este sentido, el PSC ya presiona y ha pedido a la vicepresidenta del Parlament ahora con funciones de presidenta, Alba Vergés, que aplique el reglamento de la Cámara y no lo contabilice, porque Puig “no cumple ninguno de los requisitos” para delegar su voto.

Durante este último periodo de sesiones, el pleno ha elegido al diputado de la CUP Carles Riera como nuevo secretario tercero de la Mesa, cargo que quedó vacante cuando Pau Juvillà perdió su acta de diputado por orden de la Junta Electoral Central (JEC) al ser condenado a seis meses de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por no retirar unos lazos amarillos en su despacho durante las elecciones municipales de 2019. En este caso, Borràs acató –incluso lo hizo días antes de comunicarlo– y provocó una fuerte disputa en el seno del independentismo.

Parcialmente resuelto está el escándalo de las prejubilaciones doradas a funcionarios que no trabajaban en sus últimos años laborables. En una reunión justo antes de la suspensión de Borràs, la Mesa acordó revocarlas sin el apoyo de los trabajadores del Parlament, por lo que se abre un nuevo conflicto en este sentido.

Desde que empezó la legislatura, en marzo de 2021, el pleno se ha reunido en 36 sesiones en las que se han aprobado diez leyes, y las dos primeras fueron los Presupuestos de la Generalitat de 2022 y de la de Medidas Fiscales, Financieras, Administrativas y del sector público.

Durante el tercer período de sesiones, que comenzó el 15 de enero y finalizó este pasado 31 de julio, se han aprobado ocho leyes: la del uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria dirigida a esquivar la sentencia del 25% de castellano en las aulas, la del Fondo complementario de Riesgos de la Generalitat, además de seis normativas relativas a modificaciones de las leyes de universidades, la Oficina Antifraude, el Síndic de Greuges (defensor del pueblo), el Consejo de Garantías Estatutarias (el «TC catalán»), de la emergencia en el ámbito de la vivienda y del patrimonio cultural para la preservación de establecimientos emblemáticos.