En las aulas

Bruselas reclama a Aragonès aplicar el 25% de castellano

El comisario de Justicia, Didier Reynders, llama a cumplir con la sentencia del TSJC a favor del bilingüismo

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, junto al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en Bruselas
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, junto al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en BruselasCOMISIÓN EUROPEACOMISIÓN EUROPEA

Serio correctivo de Bruselas al presidente catalán por la sentencia del 25% de castellano en las aulas que la Generalitat ha desacatado. En una reunión cara a cara mantenida en la capital belga, el comisario de Justicia, Didier Reynders, “ha subrayado” al propio Pere Aragonès la “importancia” de que aplique el bilingüismo en las escuelas catalanas tal y como fija la sentencia marco el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) avalada por el Supremo.

“Discutimos sobre la importancia de garantizar la plena aplicación de las sentencias judiciales y el cumplimiento de las normas de seguridad nacional con la legislación de la Unión Europea”, ha explicado Reynders en un mensaje en Twitter publicado junto a varias imágenes del encuentro entre ambos.

Aunque el exministro belga no precisó en su comunicado el detalle de esa conversación, fuentes europeas consultadas por Europa Press enmarcaron el mensaje a la petición de dar cumplimiento a las sentencia del 25% de español –una asignatura más que la propia de Lengua– en todas las escuelas catalanas.

Un posicionamiento clave del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, después de que partidos y entidades pidieran al propio dirigente que interviniera para que el Ejecutivo de la Generalitat cumpliera con la sentencia. De hecho, esta misma semana Escuela de Todos –la plataforma que agrupa a las familias a favor del bilingüismo afectadas– le remitió una carta para que moviera ficha en este sentido tras las declaraciones de Aragonès en una entrevista en TV3 en la que “reconocía la existencia de un acuerdo” con el Gobierno de España “para impedir la ejecución de las decisiones judiciales que reconocen el derecho de los alumnos catalanes a recibir una parte de su educación en castellano”.

Actualmente, el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre la sentencia de la lengua, después de que aceptase a trámite el recurso del PP y Cs contra el decreto que traslada la responsabilidad de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación de la Generalitat. Una nueva normativa aprobada por el gabinete de Aragonès precisamente para esquivar la sentencia del 25% y que el Gobierno de Sánchez no impugnó, además de aceptar la política lingüística de la Generalitat como parte del acuerdo de la última mesa de diálogo.

El aviso de Bruselas al president sse ha producido en una reunión -la primera en siete años- que la Generalitat había publicitado y promocionado por activa y por pasiva para denunciar el «caso Pegasus».