Bruselas

El Parlamento Europeo viajará a Cataluña para investigar la marginación del castellano en las aulas

La Comisión de Peticiones enviará una misión el segundo semestre de 2023

Bajo el lema 'Español, Lengua Vehicular', la plataforma Escuela para Todos convocó una manifestación en Barcelona para reclamar que el castellano también sea lengua vehicular en Cataluña.
Bajo el lema 'Español, Lengua Vehicular', la plataforma Escuela para Todos convocó una manifestación en Barcelona para reclamar que el castellano también sea lengua vehicular en Cataluña.Toni AlbirAgencia EFE

El Parlamento Europeo investigará in situ en Cataluña la marginación del castellano en las aulas después de que la Generalitat desacate la sentencia del 25% y siga con el modelo de inmersión en catalán. Así lo ha confirmado la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, que ha dado luz verde y mandará una misión a lo largo de 2023 para evaluar la situación lingüística en la educación pública tras sendas peticiones del PP y del grupo en el que está Cs.

Desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe, la entidad que representa a las familias desde hace casi una década, han celebrado la decisión de analizar “la discriminación lingüística en la escuela catalana”. La entidad presidida por Ana Losada recuerda que la queja la presentó la AEB en 2017 y “ha sido fundamental para lograrlo”.

Ahora la Eurocámara deberá fijar cuándo se llevará a cabo esta misión, que se encuadrará durante el segundo semestre de 2023 al haber elecciones municipales y autonómicas en primavera y no poder coincidir por normativa comunitaria. En las próximas reuniones se concretarán detalles como el mandato, la agenda, la composición y las fechas.

También desde Ciudadanos, el partido solicitante, han celebrado la decisión de la Eurocámara: “Seguiremos defendiendo los Derechos Fundamentales y el cumplimiento de las sentencias en España y de Europa”.

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo no tiene ningún poder vinculante, aunque sus informes pueden ayudar a que el resto de las instituciones europeas presten mayor atención a diversas realidades.

La confirmación de una misión oficial de la Eurocámara en Cataluña para analizar el arrinconamiento del castellano en las aulas llega apenas unos días después del correctivo de Bruselas al presidente catalán por la sentencia del 25% de castellano. En una reunión cara a cara mantenida en la capital belga la semana pasada, el comisario de Justicia, Didier Reynders, “ha subrayado” al propio Pere Aragonès la “importancia” de que aplique el bilingüismo en las escuelas catalanas tal y como fija la sentencia marco el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) avalada por el Supremo.

Aunque esta entrevista entre Reynders y Aragonès fue interpretada como un deshielo, ya que sus predecesores no fueron recibidos por ningún alto cargo comunitario durante los momentos más complicados del desafío independentista, lo cierto es que el correctivo de la Comisión Europea resulta claro. Aragonés se convirtió en el primer presidente catalán en ser recibido por miembros del Ejecutivo comunitario desde Artur Mas en 2015.

En un encuentro informativo organizado en Madrid el pasado 30 de septiembre, el comisario se mostró “seguro” de que las autoridades españolas lograrán que en Cataluña se aplique este fallo. A pesar de esto, el político belga no descartó que Bruselas lance una “advertencia” en caso de que esto no se produzca.

“Para intentar resolver la cuestión siempre son las autoridades nacionales las que tienen que intervenir. Si al final del proceso hay una falta de capacidad de que un Estado Miembro pueda aplicar correctamente una sentencia a nivel judicial, quizás sí que haya que hacer algo a nivel europeo”, declaró Reynders.

Justo esta semana, el Tribunal Constitucional (TC) tiene que decidir si admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que planteó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el decreto de la Generalitat, y la posterior ley del Parlament, con la que el Govern de Pere Aragonès esquivó la aplicación de la sentencia que obliga a impartir al menos el 25% de las clases en español -una más que la de Lengua- en las aulas catalanas.