El Govern presiona por los Presupuestos en Cataluña y ya pacta con los empresarios

El Govern de Pere Aragonès se apuntó ayer un tanto al pactar con empresarios y sindicatos –Foment, Pimec, CCOO y UGT– un gran paquete de medidas económicas para 2023 en plena crisis y con la inflación por las nubes. Una maniobra de presión directa hacia el PSC y Junts, partidos con los que el president negocia los Presupuestos y de los que dependerá este reparto extra de recursos.

Sabedor de la importancia de haber cerrado este pacto, un auténtico botín político para ERC, Aragonès no escatimó en elogios y calificó este lunes de «gran acuerdo, extraordinario e histórico» la alianza con los agentes sociales para dar lugar a unos «presupuestos de país» y urgió a la oposición a dar apoyo político y parlamentario a las cuentas.

Los acuerdos formalizados ayer en el Palau de la Generalitat, que ya se dieron a conocer la semana pasada, se dividen en cinco ámbitos: medidas para el impulso de la actividad productiva y la industria; promoción de políticas de ocupación; medidas en el ámbito de Formación y Cualificación Profesional; medidas en el ámbito de la protección social; y medidas de consolidación y refuerzo del Consell del Diàleg Social.

En concreto, contemplan aumentar un 8% el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) –que se utiliza para valorar la situación de necesidad de la población y determina, por tanto, el acceso a las diversas prestaciones sociales– hasta alcanzar los cerca de 615 euros mensuales, en la que será la primera actualización de este indicador desde 2010.

También avanzar en la ejecución del Pacto Nacional para la Industria con 680 millones de euros para 2023, reclamar al Gobierno que traspase a la Generalitat la gestión del Ingreso Mínimo Vital o avanzar en el despliegue «efectivo» de la Oficina de Gestión Empresarial y la Ventanilla Única Empresarial.

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, calificó también el pacto de «histórico y muy relevante» para la aprobación de los Presupuestos de 2023, aunque dio por hecho que el Ejecutivo no podrá llevar las cuentas al Parlament hasta el año que viene y que se aprobarán en enero o febrero como pronto.

Acuerdo que, aunque cree que es un «pilar fundamental» para la aprobación definitiva de las cuentas, es «insuficiente», por lo que instó al Govern a que busque la máxima «complicidad» con los grupos parlamentarios.

En paralelo transcurre la negociación de ERC con el PSC y Junts, ambos muy recelosos de las prisas de Aragonès para llegar a final de año con un preacuerdo suscrito. Los posconvergentes auguraron ayer mismo una negociación «larga» con la Generalitat, ya que existen «discrepancias importantes» entre las dos partes. «nada hace prever» que el Ejecutivo catalán pueda presentar las cuentas en el Parlament en diciembre, advirtió el portavoz del partido, Josep Rius.

Mientras, la vía del PSC sigue avanzando con nuevas reuniones sectoriales entre los socialistas y el equipo de Aragonès con la voluntad de «acelerar» las negociaciones. El partido de Illa han impuesto finalmente su metodología negociadora, que pasa por abordar posibles acuerdos en seis grupos de trabajo, sobre los ámbitos de salud, infraestructuras, transición energética, derechos sociales y educación, industria y conocimiento y, por último, racionalización de la administración.

Además de augurar una negociación larga y difícil con el Govern por los Presupuestos, Junts acudirá hoy a la manifestación convocada por la ANC en contra de la derogación del delito de sedición pactada entre ERC y el Gobierno de Pedro Sánchez. La protesta empezará a las 12 en el Pla de Palau de Barcelona, avanzará por el paseo Isabel II, girará por la Via Laietana y acabará ante la Generalitat, donde estará reunido el gabinete de Aragonès.

El lema es «Ningún pacto con España para encarcelarnos. ¡Independencia, ahora!» y Junts participará con su presidenta, Laura Borràs, y el secretario general, Jordi Turull, a la cabeza.