El TSJC fija más castellano y sin porcentajes para una alumna y tumba la estrategia del Govern

Nuevo espaldarazo al bilingüismo. A la espera de que el Constitucional se pronuncie sobre la ley de Govern para sortear el 25% de castellano, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha fijado más castellano y sin porcentajes para una alumna de Barcelona tumbando así la estrategia levantada por la Generalitat para esquivar la sentencia.

El fallo, con fecha de 23 de diciembre, es el primero que fija clases en castellano después de la entrada en vigor del decreto del Ejecutivo de Pere Aragonès que rechaza la aplicación de porcentajes lingüísticos y de la ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria aprobada con la misma finalidad.

Una sentencia que tiene doble importancia por otras dos órdenes inéditas que incorpora: que la alumna cuya familia ha demandado la enseñanza individualizada en español continúe el resto de su escolarización en el “sistema educativo catalán” recibiendo materias en castellano; y que las asignaturas deben ser “principales” (troncales).

En concreto, el TSJC fija “una o unas materias o asignaturas adicionales” -además de la propiamente de lengua castellana- se tendrán que impartir en este idioma en la clase de la menor de este centro, un colegio concertado de Barcelona.

“Cambia la planificación que había hecho la Generalitat y deja sin efecto la estrategia diseñada por los gobernantes para acabar con el modelo de conjunción lingüística”, ha avisado el abogado y asesor de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, José Domingo, esta mañana en rueda de prensa junto a la presidenta de la entidad, Ana Losada.

De hecho, la AEB considera que esta sentencia crea jurisprudencia y abre la puerta a admitir los recursos de más familias que piden escolarizar a sus hijos en castellano.

Un alto en plena lucha por el bilingüismo en Cataluña: la sentencia que fija un 25% de español en todo el sistema educativo se dictó el 17 de diciembre de 2020 y sigue sin aplicarse. En primer lugar, la Generalitat recurrió esa sentencia del TSJC y no fue firme hasta que el Tribunal Supremo se pronunció un año después, el 23 de noviembre de 2021, desoyendo el recurso de la Generalitat.

A partir de ahí, el viacrucis se ha alargado un año. Primero, la AEB instó a la ejecución de la sentencia, mientras que el Govern ha ido presentando una serie de recursos y aprobó una serie de iniciativas legislativas (una ley que recibió el apoyo del PSC y los Comunes, y un decreto cuando Junts aún estaba en el gabinete) que esquivaban los porcentajes, lo que ha dado pie a que el TSJC se haya visto imposibilitado a ejecutar la resolución judicial por ahora y haya decidido elevar una cuestión de inconstitucionalidad para que el TC se pronuncie.