Un violador con alto peligro de reincidencia sale de la cárcel de Lleida gracias a la ley del Gobierno de “solo sí es sí”

El tribunal rebaja la condena a Daniel Padial de 15 a 9 años y medio de prisión

Nuevo conflicto relacionado con la cada vez más polémica ley del “solo sí es sí” de la ministra de Igualdad Irene Montero y del Gobierno. El excarcelado es Daniel Padial, uno de los seis agresores sexuales beneficiados de las revisiones de condena de la Audiencia de Lleida en aplicación de la citada normativa.

Fue después de que el tribunal le rebajara la pena impuesta en 2010 de 15 años de prisión a nueve años y medio, por lo que ordenó proceder “a practicar una nueva liquidación de condena y a la inmediata excarcelación del penado”. Ante su puesta en libertad, el departamento de Justicia alertó a la Fiscalía de Lleida de que el hombre, con múltiples antecedentes por delitos sexuales, “presenta un elevado riesgo de reincidencia”, como marca el protocolo en estos casos.

También alertaron a los Mossos, a los que la Fiscalía debe instar a hacer las actuaciones que se estimen adecuadas. El hombre admitió que en verano de 2008 intentó violar a dos chicas de 16 a 17 años tras abordarlas en la Zona Alta y Pardinyes. Además, ya había sido condenado por otras 17 agresiones, la mayoría cuando era menor, y otras cometidas en permisos.

El hombre ha seguido todos los programas formativos y de tratamiento y su evolución ha sido “positiva”, pero los funcionarios penitenciarios consideran que tiene un alto riesgo de reincidencia, han explicado las citadas fuentes.

Por eso, se activó el protocolo habitual para la excarcelación de presos considerados de alto riesgo y que está en marcha desde 2009.

En aplicación de este protocolo, Servicios Penitenciarios avisó a la Fiscalía de Lleida y a los Mossos d’Esquadra, a los que Fiscalía pude instar “a hacer las actuaciones que estime pertinentes”.

El expediente de este preso se envió a la Fiscalía el mismo lunes, cuando quedó libre, y la Secretaría de Medidas Penales también puede adoptar “mecanismos especiales de protección” a las víctimas conocidas.

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