La Generalitat de Cataluña y el Gobierno central han presentado este jueves la nueva empresa que gestionará el servicio de Rodalies a partir del 1 de enero de 2026. La compañía será una sociedad mercantil participada por Renfe Viajeros y la Generalitat, con sede en Cataluña y una estructura de gobernanza que otorga el control operativo a la administración catalana.
El anuncio se ha realizado tras la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat de Infraestructuras, presidida por la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. La nueva empresa tendrá un capital inicial de dos millones de euros y se constituirá como una filial del Grupo Renfe, pero con un consejo de administración en el que la Generalitat dispondrá de la mayoría: cinco de los nueve miembros, incluida la presidencia, lo que le garantiza el voto de calidad.
La propiedad accionarial, sin embargo, será mayoritariamente estatal. Renfe Viajeros conservará el 50,1 % del capital social, mientras que la Generalitat tendrá el 49,9 %. Esta fórmula garantiza que la empresa siga perteneciendo jurídicamente al grupo público ferroviario estatal, lo que permite mantener la cobertura legal de Renfe, especialmente en lo referente a licencias europeas y relaciones laborales. Aun así, desde el Govern se subraya que la gobernanza mayoritaria y la presidencia catalana permitirán pilotar de forma efectiva la toma de decisiones estratégicas del servicio.
La fórmula acordada busca una transición ordenada hacia una gestión más territorializada del servicio, sin romper con el marco jurídico y operativo actual de Renfe. Según han explicado ambas administraciones, esto permite mantener la titularidad estatal del servicio —que aún no se transfiere plenamente—, pero otorga a la Generalitat un control directo en la planificación de horarios, organización de flota, atención al usuario e inversiones. La nueva empresa también permitirá tener sede fiscal en Cataluña y desarrollar su actividad con una visión más próxima al territorio.
La previsión es que el Consejo de Ministros apruebe formalmente la constitución de la empresa en julio. Una vez inscrita en el Registro Mercantil, su entrada en funcionamiento está prevista para el 1 de enero de 2026. A partir de entonces, la empresa asumirá progresivamente la operación de los servicios de Rodalies, aunque la infraestructura (vías, estaciones y sistemas de señalización) seguirá siendo competencia de Adif.
El acuerdo ha sido impulsado políticamente por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), como parte de su negociación con el Gobierno central. Desde el partido defienden que se trata de un avance significativo en la soberanía operativa del servicio, aunque sin alcanzar todavía el traspaso integral. Por su parte, el PSC ha defendido la iniciativa como un ejemplo de cogobernanza útil y eficaz. En cambio, Junts ha criticado el modelo, al considerar que no implica una cesión real de competencias.
Los sindicatos ferroviarios han acogido el anuncio con cautela. Aunque valoran que se mantenga el marco laboral de Renfe, reclaman garantías por escrito sobre el futuro de las plantillas y exigen participar en el diseño del proceso de transición.
Con esta nueva empresa, la Generalitat aspira a reducir las incidencias y mejorar la calidad de un servicio utilizado por más de 400.000 personas cada día. El desafío será ahora convertir esta estructura en una herramienta real de transformación, más allá del simbolismo político.
