APARTUR contempla interponer una reclamación a Europa por el cierre de los pisos turísticos de Barcelona

El sector de las viviendas de uso turístico en Barcelona afronta el verano con un optimismo moderado. Las previsiones de cara a la temporada estival apuntan a cifras similares a las de años anteriores. Así, se estima que este verano la ocupación media será superior al 85% y, mientras que se prevé que el mes de julio será más flojo que el de hace un año, en agosto se esperan cifras similares a las del mismo periodo de 2023, según los datos que maneja la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (APARTUR)

Asimismo, esta año se mantiene el perfil del cliente que se espera para estas vacaciones estivales. En este sentido, cabe señalar que tres de cada cuatro reservas son familiares, mientras que la estancia media es de cinco días. En cuanto a la procedencia de estos usuarios de los apartamentos turísticos, destacan los franceses, norteamericanos e ingleses. Lo que sí parece haber sufrido un incremento son los precios de los alquileres de las viviendas de uso turístico, que han experimentado un aumento respecto a los de 2019, el último año antes de la pandemia. También se ha evidenciado un cambio de tendencia en relación a la antelación con la que usuarios de este tipo de alojamientos realizan sus reservas, puesto que de cara a verano éstas se han anticipado respecto a otras temporadas, probablemente porque a día de hoy esperar a ofertas de última hora ya no es una opción.

El sector no es el enemigo

En definitiva, un verano más se confirma la buena salud del sector, que cifra en 347 millones de euros anuales el impacto económico de los viviendas de uso turístico en Barcelona y en 1.200 millones el impacto indirecto. Además, se estima que éste emplea a en torno unos 5.000 trabajadores y supone unos ingresos para la administración en concepto de impuestos de 3.011 euros al mes por cada vivienda de uso turístico (HUT), una cantidad que el Ayuntamiento dejaría de percibir a partir de 2028 si, como anunció el pasado 21 de junio, hace finalmente efectivo el cierre de todos los pisos turísticos de la ciudad, amparándose en el Decreto ley del sector aprobado por la Generalitat en noviembre de 2023.

Ante esta noticia, la patronal sale al paso de quienes defienden esta medida por considerar que los pisos de uso turístico están detrás de la falta de vivienda social en Barcelona al recordar que éstos solo representan el 0,77% del total del parque de vivienda de la ciudad, en la que hay más de 79.000 viviendas dedicadas a actividades diferentes a la residencial, de las cuales 26.691 acogen algún tipo de actividad económica, como despachos de abogados, peluquerías y demás.

Sobre las informaciones que apuntan que el incremento del precio del alquiler residencial podría ser consecuencia del uso de las viviendas como alojamiento turístico. desde APARTUR recuerdan que en toda la ciudad las licencias están congeladas desde 2014 y en algunas zonas, como Ciutat Vella, no se dan licencias desde 2010, por lo que el aumento de los precios registrado en los últimos 10 años no puede ser consecuencia de la actividad del sector.

Argumentos en contra del decreto

Por último, la patronal argumenta a su favor que, con la desaparición de las viviendas de uso turístico, la ciudad reduciría significativamente su capacidad para acoger grandes eventos, como congresos de gran formato tales como el Mobile World Congress, puesto que la oferta hotelera no es suficiente para dar respuesta a una demanda tan elevada. Al respecto recuerda que el sector representa el 40% del alojamiento de la ciudad, lo que se traduce en una 60.614 plazas. Además, a su entender, todo ello llevaría a asociado un incremento de los precios de los hoteles y la proliferación de pisos de uso turístico ilegales, los cuales son del todo incontrolables y no suelen cumplir con las obligaciones en materia tributaria.

Más acciones legales

Por todo ello, APARTUR se considera legitimada para emprender todas las medidas que considere necesarias para defender los derechos de los propietarios y gestores de las licencias, en su mayoría pequeñas y medianas empresas y pequeños tenedores. Tal y como indica María Muro, directora general de la asociación, a su entender el Decreto Ley de Cataluña 3/2023 del 7 de noviembre de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de viviendas de uso turístico "es una expropiación forzosa pero sin indemnización y eso no es legal" e insiste en que, según todas las fuentes legales consultadas, este medida es de "dudosa legalidad".

Al respecto, la patronal recuerda que a día de hoy ya existe un recurso contra dicho decreto que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite y, por su parte, la Comisión Europea ha pedido explicaciones al respecto al gobierno español por considerar que el decreto catalán choca frontalmente contra la directiva de servicios de la Unión Europea.

Así pues, APARTUR ya ha anunciado que tiene previsto interponer próximamente una reclamación a Europa por la vulneración de la Directiva Bolkenstein y además advierte al Ayuntamiento de Barcelona que, de seguir adelante con esta medida, los propietarios y gestores de las actuales licencias podrían reclamar indemnizaciones, que posiblemente ascenderían a miles de millones de euros.

Por otro lado, la patronal considera que existen medidas mucho más efectivas y menos agresivas para hacer frente a la falta de vivienda social en la ciudad y, en este sentido, propone destinar todos los ingresos procedentes del recargo de la tasa turística, una cantidad que ascendería a unos 100 millones de euros, a un programa de vivienda social que llegaría a cerca de 16.000 familias, sin embargo, como apuntan desde APARTUR, "el Ayuntamiento ni siquiera ha escuchado la propuesta".