Archivan la causa contra 27 policías nacionales por las cargas del 1-O

El Juzgado de Instrucción 2 de Girona ha archivado definitivamente la investigación que tenía abierta sobre 27 policías por las cargas del 1-O.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado de que la jueza ha dictado el archivo a petición de la Fiscalía de seis investigaciones en total, todas por presuntos delitos leves en seis colegios de la ciudad.

Las seis causas afectan en total a 27 agentes, se abrieron a partir de denuncias por las cargas policiales y el archivo se acordó hace más de un mes.

La Fiscalía de Barcelona considera que las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la operación del domingo contra el referéndum de independencia «en absoluto afectaron a la normal convivencia ciudadana».

En un escrito al Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, que investiga el caso tras una denuncia del Govern, el fiscal Juan Carlos Padín dice que las cargas sí «afectaron, sin duda, a los numerosos grupos de personas que de forma irresponsable habían sido convocadas».

«Personas que de forma voluntaria, concertada y coordinada se agolparon en determinados lugares de Barcelona, congregándose en sus puertas –de los colegios electorales– para de forma tumultosa impedir a los agentes policiales» intervenir, dice el fiscal.

El fiscal acusa al Govern de querer poner el foco en la presunta violencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil para ocultar el comportamiento de los querellados por la convocatoria del referéndum –el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los consellers–.

Dice que el Govern, irresponsablemente, conociendo la ilegalidad del referéndum y la orden que la policía tenía de impedirlo, «no dudaron en llamar a los ciudadanos a desobedecer y enfrentarse a las decisiones del Tribunal Constitucional, las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la actuación ordenada» de la policía.

Padín defiende que la actuación de los dos cuerpos policiales podría estar amparada por el cumplimiento de un deber y, en algunos casos, en «legítima defensa frente a las actuaciones de individuos no identificados, por el momento, que actuaron violentamente contra los agentes cometiendo presuntos delitos de atentado y resistencia».

Frente a la acusación de la Generalitat de que los agentes utilizaron la violencia contra los ciudadanos de forma desproporcionada, el fiscal sostiene que «de ninguna manera se puede hablar de violencia grave y generalizada».

Para tratar de demostrarlo, el fiscal, basándose en datos de la Generalitat, aduce que de las 2.262.424 personas que supuestamente fueron a votar, los heridos, la mayoría leves, fueron 844: «Ello representa un 0,037% de individuos afectados por la presunta violencia leve policial.

Añade, además, que ha habido «un único herido grave» –supuestamente por una pelota de goma de la policía–, lo que representa un 0,000042% de individuos afectados, según cálculos que el propio fiscal plasma en su escrito.