Barcelona reforzará las inspecciones para controlar el fin de los apartamentos turísticos

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, aseguró ayer que se reforzará la actividad inspectora y sancionadora para «combatir» los pisos turísticos ilegales a partir de 2029, año en el que el Ayuntamiento prohibirá esta actividad.

Así lo explicó en una rueda de prensa junto a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, tras visitar una promoción de viviendas públicas de alquiler social y para mayores, en la que ha destacado el impacto a nivel nacional e internacional que ha tenido el anuncio del Ayuntamiento.

Collboni constató que hay «resistencia legítima de algunos sectores» ante la extinción de los pisos turísticos, por lo que ha hecho hincapié en que se debe garantizar la seguridad jurídica. «Los servicios de inspección se van a reforzar porque es obvio que existe el riesgo de que el mercado ilegal aflore o quiera dar respuesta a una demanda sobre la cual ha desaparecido la oferta legal», expresó el alcalde.

Desde 2016, cuando se pusieron en marcha los primeros servicios de inspección de pisos turísticos sin licencia, se han impuesto 10.500 sanciones y se han emitido 9.700 órdenes de cese de actividad. Collboni añadió que, cuando se empezaron estas inspecciones, había unos 6.000 pisos con actividad turística ilegal, y dijo que actualmente se desactivan entre 300 y 400 anunciar mensuales de pisos que no tienen licencia.

Con ello, quiso mandar un mensaje tranquilizador a los vecinos que temen que los pisos turísticos ilegales pasen a operar de forma ilegal: «La actividad inspectora y sancionadora está y estará plenamente en marcha».

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, por su parte, defendió la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de eliminar los pisos turísticos en Barcelona en noviembre de 2028 y animó a tomar medidas como esta a otros alcaldes de municipios con zonas de alquiler tensionadas.

Aseguró que Collboni no ha mirado «hacia otro» lado y ofrece soluciones al problema del acceso a la vivienda en la capital catalana, y ha augurado textualmente que los barceloneses sabrán reconocer el esfuerzo del consistorio y del alcalde al impulsar esta medida.

Para Rodríguez, cuando hay un conflicto entre dos intereses legítimos, como el desarrollo de la actividad económica y un derecho social reconocido como el derecho al acceso a una vivienda digna y asequible, se debe «estar siempre del lado del derecho».

La ministra animó a actuar «en este sentido» a todos los alcaldes de poblaciones en las que hay zonas de alquiler tensionadas porque ha afirmado que los alojamientos turísticos reducen la oferta de vivienda y hacen subir los precios.

Rodríguez explicó también que los alojamientos que ofrecen alquileres temporales se gestionarán a través de una plataforma única y se deberá acreditar la temporalidad para evitar «el abuso y el fraude».

Para Rodríguez, la gestión a través de una plataforma única estatal permitirá tener ubicados todos los alojamientos turísticos de temporada y de habitación, lo que permitirá mayor «transparencia» para perseguir posibles fraudes.

También explicó que ha convocado una reunión el próximo miércoles del grupo de trabajo interdisciplinar en la que se presentarán las conclusiones sobre esta cuestión, con el objetivo de «avanzar en la normativa, de regularizar aún más y de concretar más de lo que hace la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)». La ministra defendió la figura del alquiler temporal, pero ha insistido en que es necesario «concretar más el para qué» de estos alojamientos.