Recurso aceptado

Reabren la causa contra Ada Colau por las polémicas subvenciones

Tanto el juzgado como la fiscalía ya habían archivado la investigación hace unos meses

La Audiencia de Barcelona ha acordado reabrir la causa contra la alcaldesa, Ada Colau, por las subvenciones a entidades sociales y por presuntos delitos de prevaricación, fraude en contratación, malversación y tráfico de influencias. Entre las entidades se encuentran la PAH, el Observatorio DESC o la Alianza contra la Pobreza Energética. En el auto, los magistrados estiman el recurso de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, una especie de entidad fantasma sin portavoz ni sede, que impulsó la causa y pidió reabrirla cuando se archivó.

Por ello, cuanto menos, resulta sorprendente la decisión de la Audiencia de Barcelona toda vez que el juzgado de instrucción número de 21 decidiese archivar la causa y la Fiscalía, una investigación por los mismos hechos. De hecho, la Fiscalía instó a «desterrar la tentación de atribuir posibles responsabilidades penales a la investigada sobre el endeble argumento de ser la máxima responsable del Ayuntamiento», y también se opuso al recurso que pedía reabrir el caso ahora.

El auto conocido ayer implica que el juez instructor deberá retomar la investigación en el punto donde la dejó y practicar diligencias que reclamaron los denunciantes. Los magistrados advierten de que solo consideran «inicial y provisoriamente como posiblemente constitutivos de infracción penal el otorgamiento por parte del Ayuntamiento de Barcelona de una serie de subvenciones por el procedimiento de concesión directa entre 2016 y 2020. Señalan que antes de ser alcaldesa, Colau tuvo «una vinculación o relación estrecha» con estas entidades, como contó ella misma al declarar como investigada en la causa, y añadió que no tenía interés en la concesión de estas subvenciones.

Al recurrir el archivo de la causa, la entidad denunciante criticó que el juez archivó la investigación argumentando de forma genérica la ausencia de delito, basándose sobre todo en la prevaricación porque lo consideraba la acusación central, pero sin concretar sobre los distintos que se habían denunciado porque descartó.

Ahora la Audiencia de Barcelona discrepa de que la instrucción «gire fundamentalmente» entorno a la prevaricación y no cree que su ausencia haga caer el resto de la causa.

También discrepan de las conclusiones que extrajo el instructor tras interrogar a la interventora delegada del Ayuntamiento: ella declaró que detectó irregularidades que no constituían un delito, pero los magistrados dicen al instructor que discernirlo «corresponde a los jueces y tribunales del orden penal». Además, los magistrados consideran que con los indicios recavados hasta ahora no se puede descartar que hechos supongan un presunto delito de prevaricación que involucre a Colau y tal vez a más personas.

«Nada que esconder»

Colau, por su parte, apuntó que colaborarán con la justicia tras la reapertura de la causa: «No tenemos absolutamente nada que esconder». La alcaldesa, no obstante, criticó que se pueda «alargar artificialmente una causa que ya Fiscalía y un juzgado han llegado a la conclusión que no tenía absolutamente ninguna base».

Colau lamentó que se pueda hacer un mal uso de la justicia y que una «entidad fantasma como esta pueda abusar de los recursos públicos y de los tribunales para claramente intencionalidades políticas de hacer ruido y de generar la sombra de la duda sobre el Ayuntamiento de Barcelona».

«Si pretenden asustarnos, consiguen lo contrario, nos reafirman en nuestros objetivos», zanjó la primera edil, quien reivindicó el trabajo para promover la participación ciudadana, el debate sobre la gestión pública del agua, o la defensa del derecho a la vivienda frente a los fondos buitres, en sus términos.

Para el abogado de Colau, Alex Solà, se ha demostrado con los informes que el asunto se ha hecho correctamente desde el punto de vista administrativo, y ha reconocido «posibles opiniones sobre la oportunidad o los límites de las adjudicaciones directas», pero que, según él, no hubieran superado ni un contencioso administrativo. «Ahora alargaremos un ratito más esta causa, haremos algunas diligencias más. Yo creo que al final no habrá manera de seguir manteniendo ninguna sombra de duda respecto a la actuación municipal en este caso», mantuvo.