Barcelona se adhiere a un pacto nacional por la lengua marcado por su ineficacia

El Ayuntamiento de Barcelona ha cerrado un pleno de septiembre marcado por decisiones clave en materia lingüística, urbanística y de memoria histórica, consolidando el papel de la ciudad como capital de Cataluña y poniendo de relieve los debates políticos en torno a la identidad y el bienestar social.

El momento más destacado de la sesión fue la aprobación por parte del pleno de la adhesión de Barcelona al Pacte Nacional per la Llengua (PNL), impulsado por la Generalitat. La moción fue respaldada por los grupos del gobierno municipal —PSC, BComú y ERC— y contó con la presencia del conseller Francesc Xavier Vila y de la comisionada del catalán, Marta Salicrú, un cargo que, según el alcalde Jaume Collboni, es “histórico” al encargarse específicamente de la promoción del uso social del catalán.

Collboni subrayó que esta adhesión refleja “el compromiso de la ciudad como capital de Cataluña, sumando fuerzas con el Govern de la Generalitat”. Añadió que el objetivo es que “más barceloneses puedan hablar, escuchar y vivir en su lengua dentro de esta ciudad diversa que compartimos. Amar la lengua también significa amar la ciudad”.

Desde BComú, el concejal Pau González celebró la iniciativa para proteger el catalán, aunque advirtió que es “imprescindible” que la declaración se traduzca en políticas lingüísticas concretas. Por su parte, ERC consideró que se trata de una “estrategia compartida” que requiere acciones efectivas en la vida cotidiana de la ciudad.

Sin embargo, la moción también encontró oposición. Junts, PP y Vox votaron en contra, argumentando que el PNL no aborda problemas urgentes, como la obligatoriedad del 25% de clases en castellano en la escuela, o que supone una herramienta para imponer el catalán en detrimento del castellano. En palabras de Liberto Senderos (Vox), el gobierno socialista sigue una “deriva intervencionista y nacionalista que desprecia la realidad mayoritaria castellano-parlante de Barcelona y coloca a la ciudad en una senda de confrontación lingüística”.

El pleno también abordó la memoria histórica, rechazando por mayoría la propuesta de cambiar el nombre de la calle Sabino Arana por el del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997. La iniciativa, que contaba con alrededor de 4.000 firmas ciudadanas, recibió únicamente el apoyo de PP y Vox.

Raquel Gil, teniente de alcalde de Memoria Democrática, defendió que el Nomenclátor de la ciudad “no se tiene que construir en contra” de nadie, sino que debe decidir a quién homenajear. Junts, PSC, BComú y ERC coincidieron en que no se trata de enfrentar víctimas o borrar la historia, sino de mantener un criterio de homenaje sin instrumentalizar símbolos históricos. “No caeremos en la trampa de tener que decidir entre ‘vascos buenos y vascos malos’”, aseguró Jordi Castellana (ERC), mientras que desde BComú se lamentó el uso de figuras históricas como “arma de confrontación política”.

El PP defendió que Miguel Ángel Blanco supuso un antes y un después en la historia de España y que honrar su memoria no implica borrar la de Sabino Arana, fundador de un partido democrático vasco. Vox, por su parte, lamentó que Barcelona pierda la oportunidad de reconocer la figura de Blanco.

En el terreno social y urbanístico, el Ayuntamiento aprobó autorizar al Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) a formalizar un contrato de financiación de 113 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para construir nueve promociones de viviendas públicas destinadas al alquiler social, que sumarán 641 nuevos pisos. La medida fue respaldada por PSC, Junts, ERC y PP, mientras que BComú y Vox se abstuvieron.

El contrato representa el 70% del coste total de las promociones y el consistorio estima que las obras se desarrollarán progresivamente entre 2026 y 2030. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca reforzar su apuesta por el derecho a la vivienda y atender la demanda creciente de alquiler social en la ciudad.

En conjunto, el pleno de septiembre refleja la complejidad de la política municipal en Barcelona: un equilibrio entre la promoción de la lengua catalana, la memoria histórica y la atención a necesidades sociales fundamentales como la vivienda. La adhesión al Pacte Nacional per la Llengua se presenta como un gesto simbólico y estratégico para consolidar la capital catalana como referente lingüístico y cultural, mientras que las decisiones sobre nomenclátor y vivienda muestran la diversidad de prioridades y tensiones entre los distintos grupos políticos.