Casi 100.000 personas, atrapadas en las listas de espera de la dependencia de Cataluña

El sistema de atención a la dependencia atraviesa un momento crítico en Cataluña y en el conjunto de España. Actualmente, casi 287.000 personas se encuentran en lista de espera para acogerse a la Ley de Dependencia, enfrentándose a retrasos que superan con creces los seis meses que fija la normativa. En Cataluña, la situación es particularmente preocupante: según datos del Departament de Drets Socials, cerca de 60.000 personas aguardan la valoración de su grado de dependencia, más del doble que hace un año y medio. Este trámite, imprescindible para acceder a las prestaciones, es ya el segundo procedimiento administrativo más lento de la administración catalana, y ha sido incluido en el paquete de medidas que la Generalitat pretende simplificar para reducir la burocracia.

En diciembre, el Govern aprobó una inyección de fondos en personal y tecnología que, de momento, solo ha servido para acortar parcialmente el tiempo de espera para la valoración inicial, que ahora es de cuatro meses y medio de media. Sin embargo, el atasco sigue siendo enorme. Una vez realizada la valoración, la administración debe elaborar el Plan Individual de Atención (PIA), en el que se define a qué prestación tiene derecho cada persona: plaza en centro de día, residencia, atención domiciliaria, ayudas para cuidador no profesional, entre otras. Este segundo paso acumula casi cuatro meses más de espera, con unas 35.000 personas pendientes en Cataluña.

El problema se agrava porque, incluso con el PIA aprobado, no siempre la ayuda llega de forma inmediata: en función de las necesidades, las familias pueden tener que esperar a que se libere una plaza en un recurso público o a que se asigne personal de asistencia a domicilio. En este tiempo, muchas personas fallecen sin haber recibido la atención que les correspondía por derecho. A nivel estatal, en 2024 murieron 34.252 personas en lista de espera, casi 94 cada día, y en lo que va de 2025 la cifra asciende a 16.866.

En el resto de España, la fotografía es igual de desalentadora. Según el Observatorio Estatal para la Dependencia, 286.861 personas están a la espera: 136.009 sin valoración, 123.857 con valoración pero sin PIA, y 26.995 con PIA aprobado pero sin prestación efectiva. El tiempo medio de tramitación alcanza los 342 días, muy por encima de los seis meses que marca la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Con el ritmo actual, harían falta casi 94 años para atender todos los casos pendientes.

El presidente de la Asociación de Directores de Centros de Atención a la Dependencia, Andrés Rueda, calcula que haría falta una aportación extraordinaria de 2.500 millones de euros para eliminar la lista de espera en todo el país. Además, denuncia la infradotación de la atención domiciliaria: «Si soy grado 2 o grado 3 y en casa me dan solo dos horas y media de asistencia al día, eso es insuficiente. Si aumentan las personas que deben quedarse en casa, hay que aumentar el número de cuidadores, y no los tenemos».

El Ministerio de Derechos Sociales ha puesto en marcha desde abril de 2025 el Panel del SAAD, que permite monitorizar trimestralmente la evolución del sistema. Según datos de marzo, la lista de espera se redujo un 9,4% respecto al año anterior, pero los tiempos medios aumentaron a 338 días. En paralelo, el Gobierno central ha presentado un anteproyecto de reforma para ampliar coberturas, eliminar incompatibilidades entre prestaciones y reforzar la teleasistencia como derecho subjetivo. No obstante, entidades y profesionales advierten que, sin financiación suficiente y más personal cualificado, los cambios quedarán en papel mojado.

La situación es muy desigual por comunidades autónomas. Mientras en Castilla y León o el País Vasco los plazos se acercan a lo que marca la ley, en regiones como Andalucía se superan los 600 días de espera.

En Cataluña, la presión demográfica y el envejecimiento acelerado han disparado las solicitudes: el Institut d’Estadística de Catalunya prevé que en 2030 uno de cada cuatro catalanes tenga más de 65 años, lo que multiplicará la demanda de plazas residenciales, atención domiciliaria y servicios especializados.

El colapso de la dependencia, por lo tanto, es un problema estructural que amenaza con cronificarse si no se aborda de manera integral. Cataluña, con casi 100.000 personas en distintas fases de espera -desde la valoración hasta la prestación efectiva-, refleja la urgencia de actuar.