Cataluña impulsa una ley para recortar la burocracia urbanística y ambiental

El Govern aprobó este martes la publicación de la memoria preliminar del anteproyecto de ley de simplificación de trámites urbanísticos y ambientales, una pieza clave de la estrategia para aligerar la burocracia que afecta a administraciones, empresas y ciudadanía en Cataluña. Se trata de un paso más dentro del encargo que el president Salvador Illa dio a su conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, desde el inicio de la legislatura: emprender una reforma profunda del modelo administrativo para acortar plazos, digitalizar procedimientos y eliminar cargas innecesarias, sin renunciar a las garantías legales.

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, explicó tras el Consell Executiu que esta futura ley permitirá a la administración ser “más ágil y sufrir menos los excesos de burocracia”. La norma pretende acelerar trámites para obtener licencias de obras —tanto de nuevas construcciones como de reformas—, facilitar la apertura de empresas, reducir el tiempo para recibir autorizaciones ambientales y acortar los plazos en la instalación de proyectos eólicos o fotovoltaicos. El objetivo, según Paneque, es contar con más herramientas para desplegar políticas de urbanismo y vivienda “sin renunciar ni a una sola de las garantías en el ámbito urbanístico y medioambiental”.

La memoria preliminar reconoce que licencias, evaluaciones y autorizaciones urbanísticas o ambientales se han convertido en procesos “excesivamente lentos y complejos”, con una tramitación que en ocasiones resulta desproporcionadamente larga. Todavía existen procedimientos que solo pueden hacerse de forma presencial y trámites con pasos sucesivos, redundantes o de escaso valor añadido que podrían integrarse o eliminarse. El Govern defiende que este cambio legislativo es imprescindible para acelerar la construcción de vivienda, simplificar la apertura de negocios y favorecer la implantación de actividades industriales.

Tras la aprobación de la memoria preliminar, se abrirá un proceso de consulta pública de un mes antes de que el Consell Executiu apruebe el texto definitivo y, posteriormente, lo remita al Parlament para su debate y eventual aprobación.

Entre las medidas previstas, la nueva ley propondrá eliminar o fusionar trámites superfluos manteniendo las mismas garantías por otras vías, así como reducir la duración total de los procedimientos mediante tramitaciones concurrentes y el uso generalizado de medios electrónicos. También establecerá un régimen específico para definir “los efectos jurídicos, el alcance y las responsabilidades asociadas” de los informes técnicos o certificados que presenten los interesados, con el fin de asegurar la seguridad jurídica y la fiabilidad de la documentación.

En paralelo, el Govern estudia crear mecanismos de colaboración con entidades o profesionales que puedan verificar y certificar proyectos previamente en determinados supuestos, para agilizar su tramitación. En materia ambiental, se valorará introducir procedimientos diferenciados “según el grado de incidencia ambiental” y habilitar vías simplificadas para proyectos situados en municipios pequeños o rurales, con la idea de adaptar los controles al contexto real de cada territorio.

La filosofía del Ejecutivo, según ha defendido reiteradamente Dalmau en sede parlamentaria, es clara: “No podemos pasar más tiempo moviendo papeles que construyendo viviendas o poniendo en marcha una empresa”. La guerra contra la burocracia avanza un paso más, ahora con un anteproyecto de ley que aspira a transformar, de forma estructural, la forma en que Cataluña autoriza proyectos urbanísticos y ambientales.