Acoso al español

La CUP se lanza a perseguir a los comercios que no rotulan en catalán

Los anticapitalistas catalanes han presentado "más de 120 denuncias" contra establecimientos de Barcelona

La candidata de la CUP a la Presidencia de la Generalitat, Laia Estrada, en rueda de prensa CUP 18/04/2024
La candidata de la CUP a la Presidencia de la Generalitat, Laia Estrada, en rueda de prensaCUPEuropa Press

La CUP ha informado públicamente este martes 23 de abril, coincidiendo con la celebración de Sant Jordi y el Día del Libro, de que ha presentado denuncias contra más de 120 negocios de la ciudad de Barcelona ante la Agencia Catalana de Consumo (ACC) por no rotular en castellano y no en catalán.

El partido de la ultraizquierda independentista ha decidido comenzar a perseguir administrativamente a empresarios barceloneses por el idioma que libremente han elegido para anunciar el nombre de su negocio o los servicios que ofrece.

Bajo una campaña para "defender la lengua", han llamado así a obligar al comercio, hostelería y demás compañías con locales a pie de calle a que coloquen sus rótulos solamente en idioma catalán.

Campaña de la CUP 'Defensem la Llengua'
Campaña de la CUP 'Defensem la Llengua'CUPEuropa Press

Desde la CUP, que no tiene representación en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, han tildado la presentación de estas denuncias como una "recogida simbólica" contra establecimientos a los que acusan de participar en "procesos gentrificadores" y "elitizadores" de la ciudad.

Porque, defienden los anticapitalistas catalanes, la lengua catalana está siendo víctima de una "suplantación lingüística" por parte y en favor del castellano y el inglés en los espacios comerciales. Ellos lo ven como una discriminación lingüística que pone en serio peligro la "cohesión" de la capital de Cataluña.

Se apoyan en que, según ellos, el no rotular obligatoriamente en la lengua propia de la región catalana incumple la Ley autonómica de política lingüística, que en un punto recoge que los carteles de información general "han de estar redactados, al menos, en catalán", ignorando que el Constitucional limitó el deber de utilizar los dos idiomas oficiales a la administración pública, pero no en el ámbito privado.