Denuncian otra fuga de jueces de Cataluña por culpa de la Ley de la Amnistía

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura en Cataluña (APM), Pablo Baró, ve “con preocupación” el nombramiento de Félix Bolaños como ministro de Justicia, Relaciones con las Cortes y Presidencia. Ha considerado que el nombramiento “es una advertenciadel Gobierno para que los jueces sepan que están expectantes de cómo se aplica la futura ley de amnistía” . “¿Realmente van a verificar cuál es el trabajo que hacemos los jueces? se ha preguntado el portavoz de la APM, que lo califica de “peligrosísimo”.

Sobre la creación de tres comisiones de investigación en el Congreso para examinar si hubo “lawfare” para perseguir a responsables y protagonistas del “procés”, Baró lamenta que desde el partido político que gobierna España se insinúe que “los jueces han podido llegar a prevaricar en todos los hechos investigados”. “Lasimple mención en el acuerdo PSOE-Junts es bastante peligrosa para la independencia judicial y para el Estado de derecho” ha alertado.

Pablo Baró no ve “cerca” el regreso del prófugo Carles Puigdemont y se ha mostrado convencido de que “el juez Pablo Llarena acudirá al Tribunal Constitucional si ve que la futura ley de amnistía vulnera la Constitución y al Tribunal de Justicia de la Europea si entiende que la norma no es conforme con el ordenamiento de la Unión Europea”.

El portavoz de la APM en Cataluña se ha referido también al endémico problema de la falta de jueces en Cataluña y ha puesto como ejemplo que en los juzgados de lo social, donde trabaja, “hay cinco vacantes y nadie quiere venir”. Baró ha explicado que a día de hoy siguen marchándose muchos jueces de Cataluña y que esto sucede “por el tema político” y no tanto por la carestía de la vida. “El coste de la vida en Madrid es superior al de Barcelona y allí no hay tantas vacantes”, ha asegurado.

Más de doscientos veinte magistrados han abandonado Cataluña en los últimos seis años por causa del ‘procés’.

A raíz del clima de tensión que se instaló en la comunidad por la declaración de independencia y el juicio posterior, varias asociaciones de jueces denunciaron la existencia de boicots hacia algunos titulares de juzgados, y eso propició lo que se denominó una “fuga de jueces”.