Una docena de colegios catalanes siguen sin obedecer la sentencia a favor del 25 % de clases en castellano

En Cataluña, a pesar de los modelos educativos vigentes y de los proyectos lingüísticos impulsados por la Generalitat, el derecho a recibir enseñanza con una proporción significativa de clases en castellano sigue siendo objeto de litigio y tensiones sociales. Recientes resoluciones judiciales confirman que varios centros educativos están obligados a impartir al menos un 25 % de las materias en castellano, una cifra que desde algunos sectores se considera mínima y que algunos colegios han ofrecido resistencia a aplicar de forma inmediata.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ratificado en 2025, tras rechazar recursos de Generalitat de Cataluña, que en una docena de escuelas la obligación de impartir al menos el 25 % en castellano debe mantenerse. Para la administración autonómica, la normativa de 2022 que elimina cuotas específicas de lenguas en la enseñanza obstaculiza la aplicación generalizada de esa regla.

Voces a favor de un mayor equilibrio lingüístico en las aulas argumentan que el castellano se ve relegado de facto cuando no se garantiza el acceso a este porcentaje, lo que puede presentar desigualdades en el derecho a la educación efectiva en ambos idiomas oficiales. Las sentencias judiciales que obligan al cumplimiento del 25 %, para quienes las han ganado, representan un respaldo legal a las familias que reclaman bilingüismo real dentro del sistema público.

En las escuelas afectadas, la implementación concreta de estas sentencias a veces ha sido motivo de conflicto. Según reportes, algunos centros señalados por orden judicial se han enfrentado a tensiones internas respecto a cómo ajustar los proyectos lingüísticos, mientras que otras escuelas han aplicado ya las modificaciones para incluir una materia troncal adicional en castellano.

El debate sobre “inmersión” vs “derecho a recibir educación en lengua castellana” continúa siendo central en Cataluña. Asociaciones que defienden una educación bilingüe señalan que garantizar al menos el 25 % de las clases en castellano no es un favor, sino una exigencia de justicia educativa y cumplimiento de sentencias que protegen derechos lingüísticos. Por su parte, la administración autonómica argumenta que su modelo educativo tiene como objetivo preservar y priorizar el catalán como lengua de transmisión habitual, lo cual genera fricciones continuas con la comunidad educativa que solicita una mayor presencia del español.

En definitiva, la situación actual muestra una tensión estructural entre el marco legal-jurídico y los proyectos lingüísticos de los centros educativos. Las familias que reivindican una inclusión real del castellano en la educación pública se sienten amparadas por las sentencias, mientras que la implementación general del 25 % como estándar sigue siendo objeto de debates, recursos y procesos judiciales. El futuro de la convivencia lingüística en las aulas catalanas dependerá de cómo se logre equilibrar el respeto a la pluralidad con las obligaciones legales vigentes.