Cataluña

La Fiscalía recurre contra el tercer grado de la Generalitat a los presos independentistas

Los jueces de vigilancia penitenciaria deberán determinar si suspenden esta medida

El ex conseller de Interior, Quim Forn; el ex conseller de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull; el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez; el exconseller de JxCat Jordi Turull; y el líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, a su salida de la cárcel de Lledoners donde cumple condena por el 1-O, en Lledoners, Barcelona, Catalunya, (España), a 29 de enero de 2021. David Zorrakino / Europa Press
29/01/2021
El ex conseller de Interior, Quim Forn; el ex conseller de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull; el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez; el exconseller de JxCat Jordi Turull; y el líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, a su salida de la cárcel de Lledoners donde cumple condena por el 1-O, en Lledoners, Barcelona, Catalunya, (España), a 29 de enero de 2021. David Zorrakino / Europa Press 29/01/2021 FOTO: David Zorrakino Europa Press

El día después de las elecciones catalanas, la Fiscalía ha presentado un recurso contra la decisión de la Generalitat de otorgar el tercer grado penitenciario o de semilibertad (solo van a dormir a la prisión y los fines de semana pueden pernoctar en sus domicilios) a los nueve dirigentes independentistas condenados por el ‘procés’. Ahora son los jueces de vigilancia penitenciaria quienes deben decidir si suspender cautelarmente esa medida y ordena el reingreso en prisión de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Dolors Bassa.

Cuando la conselleria de Justícia concedió por primera vez el tercer grado a los presos independentistas, el 14 de julio del 2020, se produjo la paradoja que el juez de vigilancia penitenciaria que se encarga de la cárcel de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada) acordó tras el recurso de la fiscalía y por petición de esta institución que los líderes soberanistas varones volvieran al centro penitenciario hasta que no se resolviera el fondo del asunto, mientras que el togado que analizó los casos de Bassa y Forcadell no tomó esta medida y dejó que permanecieran en semilibertad durante unos meses. Sin embargo, esta situación ha cambiado. El magistrado que estudiará la situación de Junqueras, Romeva, Sànchez, Cuixart, Rull, Forn y Turull es otro y se desconoce su criterio, mientras el que resolverá sobre Forcadell y Bassa es el mismo que les permitió prolongar el tercer grado. Eso sí, si el tema llega al Tribunal Supremo, como la primera vez, la solo interposición del recurso por parte de fiscal supondria el reingreso automático de todos en la cárcel.

Horas antes de que comience la campaña electoral en Cataluña, el 28 de enero, la Generalitat volvió a conceder el tercer grado penitenciario que el Tribunal Supremo revocó el 4 de diciembre a los líderes independentistas presos, por lo que estos pudieron salir a diario de la cárcel e intervenir en los actos electorales convocados por sus partidos. La resolución de Forcadell tardó dos días más.

La secretaría de Medidas Penales de la Generalitat sostenía que los dirigentes soberanistas encarcelados “están sujetos a la pena de privación de liberad, pero conservan el derecho de manifestación y participación política” . Los políticos varones abandonaron el centro penitenciario de Lledoners al día siguiente, igual que Dolors Bassa, encarcelada en el centro de Puig de les Basses (Figueres).

En diciembre, el Supremo fue muy crítico con la administración penitenciaria catalana, a la que recriminó que “no puede vaciar la respuesta penal proclamada por un tribunal, sometiendo su sentencia a una relectura que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado y, precisamente por ello, improcedente”. A su entender, debe garantizar la ejecución de las penas impuestas por los tribunales porque “su acatamiento de la legalidad no debe hacerse depender de su grado de identificación o desacuerdo con la argumentación jurídica sobre la que se fundamenta la condena” para no convertirse “en una extravagante tercera instancia que se arroga la tarea de hacer más justa la decisión emanada de los jueces”.