Escuela de Todos: el dique para frenar el avance del «procés» lingüístico en España

«La lengua es la base del conflicto territorial». Este es el análisis que hace la portavoz nacional de la plataforma Escuela de Todos, Ana Losada, y permite explicar por qué la entidad busca extenderse por el resto de España para evitar que haya réplicas del tsunami político catalán del «procés», que, para muchos, tiene su origen en la inmersión lingüística usada como base del proyecto de construcción nacional ideado por Jordi Pujol en los años 80. Escuela de Todos ha conseguido tumbar la inmersión lingüística en Cataluña con la histórica sentencia del 25% de castellano que dictó el Tribunal Superior de Justicia catalán en diciembre de 2020, aunque su aplicación sigue encallada en los tribunales.

La plataforma, nacida en Barcelona en diciembre de 2021 con la unión de diferentes asociaciones que buscaban forzar la ejecución de la sentencia del 25% de castellano en Cataluña y tiene como objetivo que el castellano sea lengua vehicular, ha agrupado ahora a 19 organizaciones de toda España para frenar la amenaza de un «procés» lingüístico en otros territorios con lengua cooficial. Escuela de Todos apunta a Baleares, Galicia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.

De entre esas cinco autonomías, seguramente Baleares y la Comunidad Valenciana estén poniendo en mayor alerta a la entidad. No cabe olvidar que el independentismo catalán siempre ha aspirado a extender sus tentáculos a la Comunidad Valencia y Baleares, que forman parte de su proyecto de independencia denominado «Países Catalanes». «En Baleares ya hay inmersión lingüística y en la Comunidad Valenciana, hay tics», advierte Losada, quien considera que en el origen están las alianzas del PSOE con partidos nacionalistas.

«El nacionalismo tiene la sartén por el mango porque de sus votos dependen los gobiernos en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y lo que piden es, básicamente, imponer su punto de vista en relación a la política lingüística», señala, en referencia a las peticiones que hacen en materia lingüística los nacionalistas en Baleares y la Comunidad Valenciana, presididas por el PSOE. «La izquierda ha girado hacia esas posiciones para atraerse a esos grupos como potenciales socios», afirma.

Lo cierto es que, con el PSOE gobernando con Compromís, se ha aprobado en 2018 una ley educativa en la Comunidad Valenciana que regula la carpeta lingüística y, aunque obliga a impartir un mínimo del 25% de las asignaturas en castellano, promueve, principalmente, que el valenciano alcance el 50% de las horas lectivas.

También con el PSOE, pero en Baleares, se ha aprobado recientemente (en 2022) otra ley educativa que, de facto, viene a aplicar una «inmersión lingüística» porque sí obliga a que un mínimo del 50% de las horas lectivas sean en catalán. «La lengua catalana será la lengua de enseñanza y aprendizaje empleada como mínimo en la mitad del horario escolar, para garantizar el logro de los objetivos de la normalización lingüística», recoge el apartado 3 del artículo 135 de la norma. Además, el mismo precepto indica que «esta proporción» de horas en catalán «podrá ser incrementada por decisión de cada centro educativo mediante la aprobación de su proyecto lingüístico»; sin embargo, no se estipula ningún porcentaje mínimo de horas para el castellano: «La lengua castellana, como lengua de enseñanza y aprendizaje, también podrá ser utilizada por decisión de cada centro educativo mediante la aprobación de su proyecto lingüístico, especialmente cuando se considere necesario para garantizar la competencia comunicativa plena y equivalente en las dos lenguas oficiales al acabar las enseñanzas obligatorias».

Ante este escenario, Escuela de Todos busca desplegarse en toda España con el objetivo de «presionar en la agenda política» en un «año electoral» tan determinante como este 2023, con elecciones autonómicas y elecciones generales en mayo y diciembre, respectivamente. «No podemos asumir el relato nacionalista de derechos de unos a costa de otros. Los derechos de unos se tienen que respetar igual que los de los otros», resume Losada.

Por medio, también, quedan decisiones importantes en los tribunales: en abril podría pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre los recursos de PP y Vox contra la Ley de Educación impulsada por el actual Gobierno, que retiró la referencia explícita al castellano como lengua vehicular. También el tribunal de garantías, con mayoría progresista, tiene en sus manos desencallar la aplicación de la sentencia del 25% de español en Cataluña, tras los obstáculos jurídicos que ha puesto el Govern.