Fracasa la cumbre contra la sequía en Cataluña por el régimen sancionador

Cataluña se enfrenta, en apenas unos meses, al peor escenario posible frente a la sequía. Es decir, el de emergencia, cuando las reservas estén en el 16%. Ante esta situación, Generalitat y grupos de la oposición se reunieron ayer por la tarde para consensuar medidas de urgencia para hacer frente a la sequía. En la cumbre por el agua, encabezada por Pere Aragonès, participaron todos los grupos parlamentarios menos Vox. Pero ni con esas. La cumbre acabó sin acuerdo a causa, tal y como explicó la consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, «por un solo partido»: el PSC, que se opone al régimen sancionador que contempla el decreto contra aquellos municipios incumplidores.

«No sé si este escenario se habría producido de no tener elecciones en dos meses», añadió Jordà. «No es este el mensaje que queríamos transmitir», señaló. El Govern había hecho una propuesta que no ha sido aceptada para modificar el decreto ley que el Parlament avaló la semana entre críticas de la oposición, que pidió eliminar o introducir una moratoria en las sanciones a los ayuntamientos, entre otros puntos. Junts veía con buenos ojos una moratoria del régimen sancionador hasta julio, pasadas las municipales, pero el PSC ni con esas.

La Generalitat, que de momento descarta aprobar un nuevo decreto ley, se ha comprometido a cambiar el plan especial de la sequía para permitir que las piscinas municipales puedan llenarse en verano «por razones de salud pública», tal y como pidieron consistorios del arco metropolitano.

Además, el Govern habilitará una partida extraordinaria de los presupuestos generales para afrontar la sequía y permitir tramitar de emergencia contratos sobre obras relacionadas con el abastecimiento de agua.

Según el documento que proponía el Govern, la Generalitat se compromete a aportar 50 millones de euros a los entes locales y ampliar de 15 a 40 millones la línea de subvenciones en alta de la ACA. También plantea abrir nuevas convocatorias de subvenciones y dar apoyo a la redacción de planes de emergencia y ahorro municipales para las localidades de menos de 20.000 habitantes.

En esa carpeta de inversiones prioritarias figura también la licitación en dos meses de la redacción del proyecto de la nueva desalinizadora en Cubelles (Tarragona), y finalizar el plan director de aguas regeneradas en un mes.

La diputada del PSC Sílvia Paneque salió a defender la postura de su partido y afeó al Govern que «señalase» a los ayuntamientos. Paneque aseguró que su grupo pidió un periodo transitorio de un año de este régimen sancionador, que se podía reducir a seis meses, y calificó de «grave error» mantenerlo. «Es el momento de colaborar y de no señalar», señaló la diputada, quien añadió que ningún alcalde catalán está malgastando agua.

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, reprochó la falta de acuerdo a ERC y PSC. Además acusó al Govern de «falta de liderazgo» para llegara a consensos entre los grupos parlamentarios. «Un nuevo fracaso del Govern ante una emergencia de país como es la sequía. Junts hemos actuado con responsabilidad y sentido de país. Hemos propuesto medidas y consensos y hemos propuesto soluciones para hallar un acuerdo entre todos», dijo. Batet explicó que Junts sí ha avalado introducir una moratoria hasta el 1 de julio del régimen sancionador a los ayuntamientos, pese a que inicialmente quería eliminarlo: «La sequía no se combate con sanciones», explicó Batet.