La Generalitat de Cataluña (ERC) cuadruplica sus multas por rotular en castellano

Pese a la prohibición del Tribunal Constitucional en 2017, el año pasado, la Agencia Catalana del Consumo de la Generalitat de Cataluña impuso 68 sanciones a locales, bares y restaurantes por no rotular en catalán, mientras que en 2021 fueron 16. Es decir, se cuadruplicaron las sanciones. En 2022 se recaudaron por este motivo 112.606 euros, por 17.350 el ejercicio anterior.

De esta manera, la Agencia Catalana de Consum recaudó 3.344.187 euros en 2021 en sanciones contra empresas que incumplieron con la Ley del Código de consumo, aprobada por el Parlament en 2010 y que obliga a usar el catalán en los servicios y productos que se venden en la comunidad autónoma. No obstante, solo 17.350 euros de este montante se debió a la «vulneración de los derechos lingüísticos».

En su ‘Balance de actuaciones’, publicado en marzo del año pasado, el ente dependiente del departamento de Empresa y Trabajo informa que un total de 470 expedientes finalizaron en sanción (65 más que en 2020), aunque el dinero recaudado respecto al ejercicio anterior fue ligeramente inferior (3.770.847 euros).

Este 2022, informó la Generalitat, las multas por estos mismos motivos fueron 456. Una cifra menor a la del año pasado, pero que triplica las del primer año de la medida, 2010. Se observa que 2011 fue el año donde más sanciones se interpusieron.

La anulación por parte del Tribunal Constitucional (TC) de un artículo de la Ley del Estatuto del Consumidor de Cataluña de 1993, que establecía la graduación de las infracciones en leves, graves o muy graves por no informar o atender en catalán en los comercios, permite ahora la impugnación de todas las sanciones lingüísticas impuestas hasta 2010 por la Generalitat.

La sentencia afecta sólo las multas hasta 2010, porque ese año la Generalitat aprobó una nueva normativa, la Ley del Código de Consumo, que sigue vigente y que en la práctica permite seguir con el mismo régimen sancionador.

Las multas lingüísticas son, fundamentalmente, sanciones de índole administrativa que las autoridades públicas imponen a aquellos comercios y establecimientos ubicados en la vía pública que no utilizan el catalán, al menos, en sus menús, ofertas y letreros. Sin lugar a dudas, se trata de un problema que afecta especialmente a bares y restaurantes y a empresas cuya sede se encuentra fuera de Cataluña y que, por tanto, parecen desconocer la norma (algo que desde hace ya algún tiempo se encargan de a