La Generalitat de Cataluña sobre la vacunación de la covid-19 a Policía Nacional y Guardia Civil: "La consellera pide parar"

La ex consellera de Salud Alba Vergés dio instrucciones en marzo de 2021 a los responsables de Salud Pública, a través de una miembro de su gabinete, para detener la vacunación para la covid a policías nacionales y guardias civiles: “La consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo”.

Así consta en una batería de mensajes de WhatsApp, que la defensa del ex secretario de Salud Pública Josep Maria Argimon y la exsubdirectora general de Promoción de la Salud Carmen Cabezas han aportado al juzgado de Barcelona que les investiga por el retraso en la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña.

Argimon, a quien Junts designó para relevar a Vergés al frente de Salud, ha aportado estos mensajes después de que el exnúmero dos de la exconsellera, Marc Ramentol, lo implicara en las decisiones sobre el calendario de vacunación de policías nacionales y guardias civiles.

Los wasaps ponen a Vergés, actual vicepresidenta del Parlament por ERC, en el punto de mira de la investigación, por lo que la Fiscalía ha pedido al juez instructor que remita la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que abra una investigación a la exconsellera, que es aforada, ante los indicios que la incriminan.

La investigación se deriva de una denuncia que presentaron los sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil JUCIL, JUPOL, SPP y AEGC por el retraso en la vacunación de los agentes estatales, entre el 10 de febrero y el 24 de marzo, fecha a partir de la cual la Generalitat decidió inmunizar solo a los policías mayores de 60 años por las dudas que suscitaba AstraZeneca para los menores de esa edad.

El 24 de marzo de 2021 se había vacunado en Cataluña al 77 % de los agentes de los Mossos, al 68 % de Policía Local y al 77 % de la Guardia Urbana, frente al 2,9 % de Guardia Civil y el 3,6 % de Policía Nacional, unos porcentajes que solo se equipararon cuando el TSJC ordenó a la Generalitat, el 8 de mayo, que vacunara de inmediato a los agentes estatales: en menos de quince días recibieron sus dosis casi 5.000.

Cuando las asociaciones y sindicatos policiales denunciaron en marzo del pasado año a Vergés ante el TSJC, el Alto Tribunal catalán no apreció ninguna “acción u omisión” para que se pudiera imputar a la exconsellera el retraso en la vacunación de los agentes estatales, aunque ordenó a la justicia ordinaria que identificara a los responsables.

A raíz de esta decisión del TSJC, el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona abrió una causa penal, en la que están investigados, entre otros, Josep Maria Argimon, que era secretario de Salud Pública de la época; el exsecretario general de la conselleria, Marc Ramentol; Carmen Cabezas y el exdirector del Servicio Catalán de la Salud Adrià Comella.

En su declaración como investigado el pasado 4 de mayo, Ramentol aseguró que la decisión adoptada el 24 de marzo de 2021 de suspender la vacunación a los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña fue “dialogada, debatida y discutida” con varias personas de la conselleria, entre ellos Argimon y Comella.

Tras esa declaración, la abogada de Argimon, Olga Tubau, ha presentado un escrito al juzgado, en el que aporta los wasaps y correos electrónicos que involucran a Vergés, con el objetivo de demostrar que tanto su cliente como Cabezas creían necesario vacunar a todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña y que la manifestación de Ramentol de que participaron en la decisión de detener la vacunación a los agentes estatales es “falsa”.