La Generalitat se entromete en la política local del sur de Francia con el catalán

El Govern de Pere Aragonès se entromete en la política municipal del sur de Francia con el catalán, convertido en nueva causa del independentismo para la agitación y el desacato. Ayer, la vicepresidenta Laura Vilagrà (ERC) se desplazó hasta la localidad de Elna, en la región de Occitancia, para apoyar el uso del catalán en los plenos de varios ayuntamientos de la región pese al rechazo explícito de la Justicia francesa por ser una medida «inconstitucional».

Todo después de que el tribunal de Montpellier, el principal de la zona, haya prohibido hablar en lengua catalana en las sesiones ordinarias municipales de varios consistorios del sur del país, una medida que adoptó la semana pasada porque «vulnera la primacía» del francés. Así se posicionó sobre cinco ayuntamientos –Elna, Tarerac, Els Banys, Sant Andreu de Sureda y Portvendres– que impulsaron por su cuenta una reforma de su reglamento interno para imponer el catalán en los plenos.

«La primacía de la lengua francesa es puesta en cuestión por el reglamento interno cuando prevé que la expresión de los consejeros municipales tiene lugar primero en catalán, con una traducción posterior al francés». Con esta resolución, la Justicia francesa se posicionó claramente a favor del francés y exigió tumbar la normativa específica de los ayuntamientos mencionados –Elna, Tarerac, Els Banys, Sant Andreu de Sureda y Portvendres– en tres meses.

De hecho, la sentencia permite el uso del catalán, pero siempre después de que lo mismo se haya dicho en francés y a modo de traducción. El tribunal también remarcó que una de las normas utilizadas por los ayuntamientos en su defensa, la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, «no es obligatoria».

Y ayer, la vicepresidenta y escudera política de Pere Aragonès, Laura Vilagrà, incluyó en la agenda oficial del Ejecutivo un viaje al sur de Francia para reunirse con los cinco alcaldes que aprobaron sus propias normativas y que ahora chocan con la Justicia. El objetivo del encuentro, según sus palabras, fue «dar apoyo, en nombre del Govern, a la lucha justa y noble de estos alcaldes por el derecho a que el catalán se pueda utilizar en el ámbito de la administración».

No solo eso. La republicana también utilizó la visita para criticar de nuevo a la justicia española por la sentencia del 25% de castellano, que nada tiene que ver y que la Generalitat ha desacatado al seguir aplicando el modelo de inmersión monolingüe en catalán en las escuelas. «El Estado francés está haciendo lo mismo que hace el Estado español: judicializar la lengua catalana. Le pedimos a Francia que sea más abierta y apueste por el reconocimiento del catalán y de otras lenguas minorizadas», avisó. Es más, Vilagrà admitió que la Generalitat está aprovechando que ostenta actualmente la presidencia rotatoria de la Eurorregión Pirineos-Mediterránea, para trabajar la cuestión del catalán en Francia, ya que comparte el cargo con la región francesa de Occitania, en la que se encuentran los pueblos afectados por la sentencia del Tribunal Administrativo de Montpellier.

El prefecto de los Pirineos Orientales, Rodrigue Furcy, llevó el asunto al tribunal después de intentar –por carta– que los ayuntamientos implicados dieran marcha atrás en la modificación de los reglamentos de los consejos municipales para permitir debatir en catalán garantizando la traducción al francés de las intervenciones. Algunos lo hicieron pero otros, como los citados Elna, Els Banys, Portvendres, Tarerac y Sant Andreu de la Sureda, decidieron no acatar.

El juicio se celebró en Montpellier el pasado mes de abril y el independentismo catalán aprovechó para volcarse y apropiarse de la causa. Hasta allí se desplazaron varios dirigentes de ERC, Junts y la CUP, una cita que incluso reunió a Oriol Junqueras y Laura Borràs. Una estrategia que ahora replica la Generalitat, justo en el ecuador de la campaña y de la mano de Laura Vilagrà.