La Generalitat refuerza la "hacienda catalana" pese a la falta de calendario

El Govern ha dado este martes dos pasos significativos en su agenda política y económica: por un lado, ha aprobado un decreto ley que redefine el marco jurídico de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para dotarla de mayor autonomía y prepararla para asumir, de manera progresiva, la recaudación de todos los impuestos. Y, por otro, ha activado el gasto plurianual de 200 millones de euros que permitirá abrir en septiembre la primera convocatoria de la ley de barrios, uno de los proyectos estrella del ejecutivo de Salvador Illa para reforzar la cohesión social en el territorio.

Se trata de las dos medidas más destacadas de la primera reunión del Consell Executiu tras las vacaciones de verano, en la que también se aprobaron recursos adicionales para financiar las jubilaciones parciales del profesorado de la escuela concertada.

La ATC como pieza central del nuevo modelo de financiación

El decreto ley aprobado modifica el libro segundo del Código Tributario de Catalunya, aprobado en 2017, y debe ser convalidado en el pleno del Parlament del próximo 30 de septiembre. El objetivo es adaptar la agencia a las nuevas exigencias derivadas del despliegue de la hacienda catalana, de modo que pueda gestionar con autonomía la contratación de personal y dotarse de los perfiles técnicos necesarios para hacer frente al aumento de funciones que supondrá un futuro sistema de financiación singular.

“La ATC debe ir asumiendo estas competencias de gestión y recaudación de impuestos de manera progresiva, realista y con los tiempos necesarios, pero avanzando, en especial en el IRPF”, explicó la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu. La portavoz insistió en que este cambio representa “una de las piezas fundamentales que debe estar lista y a disposición para el futuro modelo de financiación en Catalunya” y subrayó la complejidad técnica que implica el despliegue.

La nueva arquitectura de la ATC incorpora como novedad la figura del contrato programa, que establecerá las líneas estratégicas, los objetivos, los recursos financieros asignados y los indicadores de seguimiento de la actividad de la agencia. Además, se crean dos nuevos cuerpos tributarios: el Cuerpo de Agentes Tributarios y el Cuerpo Superior de Informática Tributaria, con perfiles adaptados a las necesidades de una administración moderna y digitalizada.

Paneque reconoció que por ahora no se ha definido la dotación económica necesaria ni el número de plazas concretas para estos cuerpos, aunque defendió que la reforma es un paso imprescindible para hacer que la agencia sea “más ágil, moderna y cercana a la ciudadanía”. El Govern justifica el cambio en la necesidad de anticiparse a un “nuevo paradigma” en la gestión de los recursos públicos, que exigirá un salto en volumen y complejidad de funciones.

La ley de barrios, lista para arrancar en septiembre

La segunda gran medida aprobada por el Govern fue la activación de un gasto plurianual de 200 millones de euros que permitirá lanzar en septiembre la primera convocatoria de la ley de barrios. El programa, que movilizará 1.000 millones en cinco años —200 por convocatoria— y que con la aportación de los entes locales prevé alcanzar hasta 1.600 millones, busca reforzar la cohesión social y mejorar la calidad de vida en aquellas zonas con rentas más bajas.

La convocatoria se abrirá en la segunda quincena de septiembre y dará de plazo hasta el 15 de octubre para que los municipios presenten sus proyectos. Aunque el calendario inicial fijaba el lanzamiento en julio, el Govern mantiene su objetivo de resolver la convocatoria a finales de este año o principios de 2026, de forma que las actuaciones puedan desplegarse a lo largo del próximo ejercicio.

“Empezamos este curso político con un acuerdo importante”, destacó Paneque, quien puso en valor la buena acogida que el plan ha tenido en el territorio. Para acceder a los fondos, los barrios candidatos deberán tener una renta per cápita inferior a la media catalana, que se situó en 15.830 euros en 2023, según el Idescat.

Preguntada sobre si la ausencia de Presupuestos podría comprometer el programa, Paneque aseguró que el despliegue está “asegurado” gracias a la planificación financiera ya aprobada.

Más medidas sociales y educativas

Además de estas dos iniciativas, el Consell Executiu aprobó también incrementar la financiación de la Conselleria de Educación y Formación Profesional destinada a cubrir las jubilaciones parciales del profesorado de la escuela concertada que percibe el denominado pago delegado.

La jubilación parcial del personal docente de estos centros fue aprobada en 2022, y en 2024 un decreto ley obligó a que las personas contratadas como relevo se incorporasen a tiempo completo. Para reducir el coste que supone esta ampliación de plantilla y facilitar que los docentes puedan acogerse a la jubilación parcial, la Generalitat asumirá la financiación de estas plazas.

Inicio de curso con agenda cargada

El Govern reanudó así su actividad con un Consell Executiu marcado por decisiones de calado político y económico. La reforma de la ATC, que deberá ser avalada por el Parlament, busca reforzar la capacidad de autogestión de los recursos públicos de la Generalitat, mientras que la ley de barrios pretende dar respuesta a las desigualdades socioeconómicas en el territorio.

Dos ámbitos distintos —fiscalidad y cohesión social— que se sitúan en el centro del arranque de curso del ejecutivo catalán, en un contexto en el que el debate sobre la financiación autonómica y las políticas de vivienda y territorio siguen marcando buena parte de la agenda política.