Gobierno y Generalitat se dan un año para decidir sobre la polémica ampliación del aeropuerto de Barcelona

En un nuevo encuentro, el Gobierno y de la Generalitat se han dado un año para desentrañar el futuro del aeropuerto y se ha reunido por primera vez la comisión bilateral. de El Prat. En el horizonte, espera una posible ampliación de un aeropuerto que roza su capacidad máxima. La comisión llega después de un acuerdo previo entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, el pasado 10 de enero. La reunión, celebrada este jueves, contó también con la participación del secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo, Benito Núñez, y el secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Marc Sanglas.

El propósito principal de esta comisión técnica es explorar fórmulas para mejorar y, posiblemente, ampliar el Aeropuerto de El Prat. No en vano, la eventual ampliación ha estado rodeada de polémica desde enero del año pasado, cuando se acordó este proceso durante la negociación de los presupuestos entre ERC y PSC. La constitución de la comisión, así pues, es vista como un compromiso efectivo para abordar la ampliación del aeródromo.

En declaraciones a los medios, Marc Sanglas, secretario de Movilidad e Infraestructuras, expresó que la reunión sirvió para intercambiar documentación y que se avanzará a través de grupos de trabajo en temas cruciales como la gobernanza del aeródromo, los elementos de la infraestructura y las conexiones ferroviarias. Se espera que, una vez acordados los miembros de estas comisiones, se aborden cada uno de estos aspectos de manera paritaria, con el objetivo de presentar propuestas concretas en la próxima reunión y finalizar los trabajos antes de fin de año.

Sanglas subrayó la importancia de considerar no solo el Aeropuerto de El Prat, sino también el sistema aeroportuario catalán en su conjunto, incluyendo los aeropuertos de Girona y Reus. Este enfoque multipista se basa en un modelo que existe a nivel europeo y busca una visión integral de la infraestructura aeroportuaria en la región. Además, se introdujo el elemento de las conexiones ferroviarias como parte de una estrategia más amplia para abordar las necesidades del sistema aeroportuario catalán.

La capacidad del Aeropuerto de Barcelona-El Prat se encuentra actualmente cerca de su límite, con un aumento significativo en el número de pasajeros. Se espera un crecimiento adicional en las conexiones intercontinentales, lo que destaca la necesidad de tomar decisiones estratégicas para garantizar la eficiencia y el desarrollo sostenible del aeropuerto. Este escenario se presenta como un desafío urgente, ya que las elecciones catalanas se llevarán a cabo en febrero de 2025 como máximo, lo que crea una presión adicional para lograr acuerdos antes de agotar la legislatura.

El debate sobre la ampliación del aeropuerto ha generado enfrentamientos en varios niveles, desde disputas internas entre partidos políticos como ERC y Junts, hasta tensiones entre la Generalitat y el Gobierno, así como entre municipios y grupos ecologistas. El mundo empresarial ha defendido la necesidad de ampliar el aeropuerto para facilitar vuelos intercontinentales, considerados de mayor valor añadido. La propuesta del Gobierno incluye una inversión prevista de 1.700 millones de euros para alargar la tercera pista.

En este contexto, diversas propuestas de la sociedad civil y el ámbito económico han surgido en los últimos 12 meses. Desde la comisión de Foment del Treball hasta la de Barcelona Global, la plataforma ambiental Oikia y un grupo de expertos que llegó a proponer una pista sobre el mar, las opciones son diversas y han generado un debate enriquecedor sobre el futuro del Aeropuerto de El Prat.

La Generalitat, por su parte, aún debe definir su alternativa, aunque ha abogado repetidamente por distribuir vuelos entre los aeropuertos de Barcelona, Reus y Girona como una forma de descongestionar El Prat. La gobernanza sobre el aeropuerto, permitiendo que la Generalitat tenga un mayor control sobre su gestión, también figura entre las demandas planteadas.