Imputan a Rosa Peral por regalar su casa a su padre y no indemnizar por insolvencia a la familia de la víctima

Un juzgado de Tarragona está investigando a la condenada por el conocido como «crimen de la Guardia Urbana», Rosa Peral, y a su padre por presunta ocultación de bienes, después de transferirle la casa y el coche a su progenitor poco antes de ser condenada por el asesinato de su pareja.

La jueza citó a padre e hija a declarar este 24 de enero porque Peral supuestamente habría cedido su casa a su padre pocos días antes de que el Tribunal Supremo la condenara en firme a 25 años de cárcel por el asesinato de su pareja, un agente de la Guardia Urbana de Barcelona.

Se aceptó la querella presentada por los familiares de la víctima al considerar que puede haber indicios de delito de alzamiento de bienes, «al haber donado a su padre la casa de Vilanova i la Geltrú, de la que era propietaria para así no tener que indemnizar a los familiares de la víctima».

La sentencia que condenó a Peral y a su amante, Albert López –también agente de la Guardia Urbana– por el asesinato, a 25 y 20 años, respectivamente, fijó que ambos debían pagar conjuntamente 885.000 euros a los familiares de la víctima, y que, en caso de no tener el dinero, les embargarían sus propiedades. La condenada citó a un notario en prisión y trasfirió su casa y su coche a su progenitor, por lo que pasó a ser «insolvente» y se libró de abonar la indemnización.

Hace apenas tres meses, la conselleria de Justicia, Derechos y Memoria levantó la restricción de llamadas a Rosal Peral, que le impuso por conceder entrevistas por teléfono desde prisión, según detallaron en ese momento fuentes penitenciarias.

Las mismas fuentes remarcaron que la sanción fue una medida temporal, y se retiró una vez «se consideró que la situación volvió a la normalidad» al bajar la atención mediática sobre el caso.

La restricción supuso que durante dos semanas Peral solo pudo llamar a familiares de primer y segundo grado, y si al margen de estos parientes necesitó hacer una llamada urgente y justificada necesitó la autorización del director de la cárcel donde cumple condena, Mas d’Enric (Tarragona), según fuentes penitenciarias.

Por su parte, la abogada de la condenada, Olga Arderiu, aseguró que se habla de la acusada por el «morbo», y que se juzgó el pecado, la «femme fatale», y sus relaciones sexuales de forma innecesaria durante el juicio.

«Creo que la sociedad lo que se piensa es que tienen la posibilidad solo de ser víctimas. No piensan en que un día por razones X pueden ser acusados, o sus familiares o amigos, y entonces pedirán que se les respeten sus derechos», añadió Arderiu.

Explicó que, sin haber empezado el juicio, la opinión mediática decía que era culpable: «¿De qué manera podemos preservar la inocencia de estas personas?».

También detalló que durante el juicio se comentó que Peral había dado una medicación a Pedro para dormirle sobre las 22 horas, y que, sobre las 3, Albert y Rosa lo mataron: «Todo esto era absolutamente flojo y no era suficiente. ¿Tantas horas dormido con el riesgo de que se pudiera despertar? A mí me parece bastante ilógico».