Investigan si la Generalitat de Cataluña obliga a los profesores a decir el idioma que usan en su vida privada

El Defensor del Pueblo investigará a la Generalitat de Cataluña por la encuesta en la que se pregunta a docentes de Cataluña sobre su uso del catalán en el ámbito privado La asociación Docentes Libres denuncia en su Twitter la vulneración de derechos y el acoso a los profesores.

La asociación denunció en abril que “la Generalitat está forzando a los profesores a declarar por escrito que dan sus clases en catalán”. Añadió el documento adjunto al tuit que “Si eres docente, firma el documento añadiendo: “Declaro que cumplo el Proyecto Lingüístico de Centro en los términos que se adecuen a la normativa y jurisprudencia vigente”.

El ex conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, remarcó el año pasado, en el inicio del curso escolar, que “a partir de la semana que viene ningún aula de este país aplicará porcentajes, ningún aula aplicará el 25% de castellano”.

Docentes libres se definen como «un grupo de profesores constatamos que carecíamos de una plataforma que pudiese servir como altavoz al sector educativo (…) en primera línea de combate del frente ideológico creado por el nacionalismo en los colegios e institutos en su proyecto de construcción nacional. Un grupo de entre los muchos docentes que no compartimos la utilización política de la educación (…) denunciando la imposición de la política lingüística de la Generalitat por encima de los derechos e intereses de los alumnos y reclamando el fin de la discriminación de la lengua española (…)

Añaden que “el adoctrinamiento es una parte intrínseca del propio sistema educativo catalán. Los currículos, el temario, se articulan con ese objetivo adoctrinador por lo que las tergiversaciones de los manuales lo único que hacen es dar voz a las exigencias del departament d’Ensenyament de la Generalitat. (…)”

Y siguen con presentación: “El problema ahí, como en tantos otros temas, es el Gobierno de España que no actúa para acabar con esta sinrazón. Sin una homogeneización de contenidos nacionales mínimos, sin un control de la inspección educativa para garantizar la neutralidad y cumplimiento de la ley, es un problema sin solución. (…) El abandono de los ciudadanos que defendemos la Constitución y el Estado de Derecho en Cataluña por parte de los sucesivos Gobiernos nacionales, nuestra utilización como moneda de cambio en sus cambalaches políticos de gobernabilidad, es una ignominia».