El juez de Àgora Judicial Guillem Soler, candidato a presidir el Tribunal Superior Catalán

El magistrado Guillem Soler, miembro de la asociación Àgora Judicial que fundaron jueces catalanes a raíz del 'procés', ha presentado su candidatura para presidir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), una plaza que Jueces por la Democracia quiere recuperar con Mercè Caso. El magistrado, titular del juzgado de primera instancia número 1 de Barcelona, ha anunciado a través de un mensaje en la red social X que ha presentado su solicitud para presidir del TSJC, aunque es consciente de que "no será fácil" que salga elegido.

Soler es miembro de Àgora Judicial, una asociación profesional integrada mayoritariamente por jueces catalanes y que fue fundada por un grupo de magistrados críticos con la judicialización del 'procés'.

El juez explica en su perfil de X que tiene el propósito de hacer "propuestas en materia de catalán en la justicia o en modernización" y defender una "mayor exposición del poder judicial en los medios de comunicación y la sociedad".

Este lunes finaliza el plazo para la presentación de candidaturas para renovar el cargo de presidente del TSJC, que ahora ostenta el magistrado Jesús María Barrientos, de la Asociación Judicial Francisco De Vitoria, con el mandato vencido desde el año 2021 por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La asociación progresista Jueces para la Democracia se propone ahora recuperar la presidencia del TSJC, que en 2016 confiaba que siguiera en manos de su candidato, con su apuesta por la magistrada Mercè Caso, que fuentes judiciales sitúan como la candidata con más posibilidades de hacerse con la plaza.

Junto a su candidatura, Soler presentará un recurso ante el CGPJ para impugnar parte de las bases del proceso, que cree que adolecen de "deficiencias".

En concreto, el magistrado cuestiona que se le limite a diez minutos el tiempo de comparecencia de los candidatos ante la comisión de calificación, sin poder entrar en el programa de actuación, y que los méritos gubernativos se valoren por encima de los jurisdiccionales.