La Junta Electoral retira el escaño a Laura Borràs en el Parlament

La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado las alegaciones que presentó el Parlament y hace efectiva la retirada del escaño a Laura Borràs tras ser condenada por corrupción por el TSJC. La resolución se esperaba a lo largo de este miércoles, pero la reunión del organismo se alargó más de lo previsto en vísperas de la campaña electoral del 28-M y con varias carpetas por resolver encima de la mesa.

Este jueves se comunicará la decisión a la posconvergente y queda por ver qué plazos fija el organismo electoral para que la Mesa ejecute la retirada de las credenciales y las otorgue al siguiente de la lista de Junts, a Antoni Castellà. Será entonces cuando todos los focos apunten hacia Alba Vergés (ERC), presidenta en funciones de la Cámara.

Todo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenara a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación a la presidenta de Junts por fraccionar contratos y adjudicarlos a dedo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En concreto, consideró probados los delitos de prevaricación y falsedad documental en una sentencia recurrida por la dirigente ante el Supremo. El fallo incorporó la petición de un insólito indulto al Gobierno que podría rebajar la pena a la mitad y así evitar la prisión. Sea como fuere, lo cierto es que Borràs se ha convertido en la primera ex presidenta del Parlament condenada por corrupción en Cataluña, motivo por el que PP, Cs y Vox reclamaron ante la Junta Electoral la retirada de sus credenciales y el cese como presidenta del Parlament.

Los dos últimos precedentes que abordó el organismo son los mencionados de Quim Torra y Pau Juvillà, a quienes la Junta Electoral quitó sus credenciales en la misma situación. El ente regulador recordó que la Ley Electoral fija como causa de inelegibilidad sobrevenida la existencia de una sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la Administración Pública. El mismo argumento que trasladó a la Cámara hace diez días, cuando inició el procedimiento para la retirada de su acta de diputada.

El independentismo, de perfil

De hecho, el caso Borràs y su atrincheramiento político se han convertido en un auténtico serial a las puertas de la campaña. Justo este miércoles, el Parlament rechazó la propuesta de reforma del reglamento del PSC para apartar a la Borràs «por pérdida de confianza» con el voto en contra de ERC y la CUP. Junts había presentado una enmienda a la totalidad contra la proposición de ley de los socialistas que el independentismo ha apoyado. Únicamente el PSC y los Comunes secundaron la propuesta del partido de Illa.

El independentismo, por tanto, se puso de perfil, evitó votar en contra de la posconvergente –los republicanos alegaron que la reforma tenía «lagunas» y era demasiado «personalista»– y esquivó el choque en vísperas del 28-M.

En concreto, el plan socialista pasaba por modificar el reglamento de la Cámara con el objetivo de que el pleno pudiera cesar por mayoría absoluta (68 escaños) a cualquier miembro de la Mesa –incluyendo a su presidenta– si lo pedían un mínimo de dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados.

Laura Borràs está suspendida desde julio del año pasado como presidenta. Su negativa a dar un paso al lado, que ha mantenido incluso cuando se conoció su condena por corrupción, ha abocado a la Cámara a una situación inédita de interinidad hasta ahora, a las puertas de la campaña. Para su relevo, la Mesa deberá convocar un pleno extraordinario.