La justicia permite a Colau seguir aplicando la "tasa Amazon" en Barcelona

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado parar cautelarmente la aplicación de la llamada ‘tasa Amazon’ del Ayuntamiento de Barcelona, que cobra a las grandes distribuidoras de comercio electrónico por el uso del espacio público durante el reparto de mercancías a domicilio.

La Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO) presentó un recurso contencioso-administrativo contra la tasa y pidió la paralización mientras se tramita la causa judicial. No obstante, el tribunal considera que seguir aplicando la tasa no supone ningún gran perjuicio para las empresas y, por lo tanto, la mantiene en vigor mientras estudia el fondo del asunto.

Según la patronal, la tasa generaría graves perjuicios al sector puesto que se obligaría a las empresas de mensajería a recoger datos de los pedidos que ahora mismo es imposible recoger a causa de la operativa habitual del sector. Además, consideran que podría vulnerar la normativa de protección de datos, puesto que las empresas de paquetería no pueden guardar los datos de los compradores. Las empresas recuerdan que la tarifa de cada entrega varía según la urgencia, el peso o el valor del objeto enviado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona defendió el interés público de la medida, recordando que en 2018 se hicieron una media de 61.400 entregas diarias de comercio electrónico en Barcelona, cifra que creció en 2020. También recuerda que una ley de la Generalitat de 2017 obliga a los consistorios a regular y tasar esta actividad. El Consistorio también recuerda que las empresas de mensajería no tienen que incluir datos personales de los destinatarios, sino solo el número de entregas y destinos.

El Ayuntamiento empezó el año pasado la tramitación de la tasa para empresas que facturen más de un millón de euros al año por entregas a destinos finales indicados por consumidores en la capital catalana.

El Gobierno de Colau y Collboni quería llevar la tasa Amazon, que ya contaba con el apoyo del grupo municipal de ERC, al pleno de diciembre para su aprobación inicial, y de aprobarse de forma definitiva en el pleno de febrero, empezaría a gravar a las grandes operadoras a partir de este mes de marzo.

Se trata de un gravamen “pionero” en España y también en el contexto europeo porque por primera vez establecía un precio al uso especial del espacio público de los operadores postales --que son el sujeto pasivo de la tasa--, que grava el periodo impositivo de un ejercicio y se autoliquidará en julio del siguiente.

Según el estudio técnico del Ayuntamiento, en Barcelona hay 26 operadoras postales que tienen que pagar esta tasa, y las cinco más grandes concentran el 62% del volumen de las operaciones.

La estimación “mínima y a la baja” del Institut d’Economia de Barcelona de la Universitat de Barcelona fijó en 2,6 millones de euros el valor económico que tiene el uso especial del dominio público para el conjunto de operadores postales, por lo que el Ayuntamiento había estipulado que la recaudación del nuevo instrumento fiscal no podría superar este tope.