Los Mossos se multiplican en la "zona cero" de Barcelona

Los Mossos d’Esquadra se multiplican en Ciutat Vella, la zona de Barcelona más conflictivo y con una mayor tasa de altercados. En concreto, el cuerpo policial ha habilitado esta semana hasta 17 calabozos con capacidad para 38 personas en la comisaría del distrito con el objetivo de poder llevar allí a los detenidos. Una novedad importante teniendo en cuenta que un tercio de los arrestos de toda la capital catalana se producen aquí. Por ejemplo, en lo que va de año se han practicado ya 8.000 detenciones en Ciutad Vella.

Hasta ahora, los Mossos utilizaban un método «centralizado» de custodia de detenidos y todos los arrestados de la ciudad eran trasladados hasta los calabozos de la comisaría del barrio de Les Corts, que tiene unas 30 celdas. Solo si había muchos detenidos, a algunos los trasladaban a la comisaría del barrio de Horta.

«A partir de ahora habrá un modelo centralizado en toda Barcelona, pero en Ciutat Vella los detenidos de la zona vendrán aquí», explicó el jefe de la comisaría, el intendente Víctor Martín. Por tanto, las patrullas no tendrán que esperar para dejar a los detenidos en Les Corts y podrán estar mucho más tiempo en la calle y a disposición del jefe de turno.

El nuevo procedimiento se lleva a cabo desde el jueves de esta semana, cuando se estrenó el espacio, y es el siguiente: una vez una patrulla de los Mossos d’Esquadra hace una detención, los agentes le leen sus derechos como arrestado, lo registran, lo identifican, le retiran sus objetos y le asignan una celda con un colchón y una manta individual de un solo uso.

Los arrestados pueden pasar hasta 48 horas en las celdas, aunque «se intenta que estén menos», y se les ofrece ducharse y comida. Como novedad, los Mossos instruyen el atestado desde la comisaría de Ciutat Vella y los trasladan a la Ciutat de la Justicia para declarar ante el juez.

No obstante, los arrestados en este distrito por delitos de violencia de género, de violencia machista o con órdenes europeas de detención seguirán siendo trasladados a los calabozos centrales de Les Corts.

Las nuevas celdas están divididas por género, de forma que unas están destinadas a hombres y otras a mujeres y menores.

Asimismo, se han habilitado dos calabozos especiales para personas detenidas por delitos de droga o que puedan llevar en el interior del cuerpo sustancias estupefacientes, ya que estas cuentan con infraestructura para detectarlas, y una tercera para detenidos susceptibles de tener alguna infección o que puedan contagiar a terceros.

Después de casi seis meses de obras de acondicionamiento, la nueva área de custodia ya está en funcionamiento. La primera detención fue la de dos hermanas de poco más de 20 años de edad, que fueron arrestadas bajo los efectos de sustancias estupefacientes acusadas de un delito de atentado a la autoridad, tras golpear y agredir a los agentes policiales.

Por su complejidad y la afluencia de turistas que concentra, Ciutat Vella es también la principal prioridad del gobierno de Jaume Collboni en el Ayuntamiento y, por extensión, de la Guardia Urbana. El socialista se ha comprometido a incrementar el régimen sancionador en una próxima revisión de la ordenanza de civismo –prevista para el primer trimestre del año que viene– con el fin de asegurar la convivencia en un distrito que es «el corazón que hace latir Barcelona». También ha incrementado la limpieza y las inspecciones de oficio en locales de ocio nocturno.

Más videovigilancia

El año que viene, el Ayuntamiento de Barcelona tiene previsto instalar ocho cámaras más de videovigilancia en el Raval, dentro del distrito de Ciutat Vella. Las nuevas cámaras se colocarán en postes de la avenida de las Drassanes y las calles de Oleguer y Tàpies, donde está ubicada la comisaría de los Mossos d’Esquadra y otra de la Guardia Urbana. El Consistorio ha tomado esta decisión después de que, entre 2021 y 2022, crecieran un 55% de los hechos delictivos, en especial los hurtos. También por la presión de los comerciantes y vecinos de la zona, que así lo habían solicitado al ejecutivo municipal ante el aumento de la conflictividad.