"Playas sin humo": la ola regulatoria que recorre Cataluña

La costa catalana vive este verano un punto de inflexión en su política de salud pública y gestión ambiental: una veintena de municipios han implantado prohibiciones para fumar en aproximadamente 80 playas y calas, una cifra inédita que consolida el giro hacia arenales más limpios y libres de humo. El despliegue, con especial tracción en el litoral barcelonés, se enmarca en una hoja de ruta institucional que persigue extender la medida de forma progresiva y homogénea, y que ya deja sanciones de hasta 600 euros en algunos términos municipales.

La capital, Barcelona, mantiene desde 2022 la prohibición en todas sus playas y aplica un régimen sancionador de 30 euros, con una aceptación ciudadana alta pero todavía con retos pendientes en la erradicación de colillas en la arena. A su estela, se han sumado o reforzado restricciones en localidades del Maresme y Garraf como Calella, Sant Pol de Mar, El Masnou, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Vilanova i la Geltrú, Cubelles o Pineda de Mar, entre otras, combinando modelos de prohibición total o por tramos señalizados. En este contexto, Mataró ha aprobado convertir todas sus playas en “sin humo” a partir de 2026, con una implantación progresiva y campañas informativas específicas.

En Girona, municipios como Lloret de Mar y Palafrugell han extendido la prohibición a la totalidad de sus arenales, mientras que otros como Begur, Cadaqués o Castelló d’Empúries mantienen zonas acotadas sin humo en áreas familiares o de gran afluencia. En Tarragona, el mapa avanza de forma más gradual: Vila-seca ya multa con entre 100 y 600 euros en la playa de La Pineda tras un primer año pedagógico; Salou y Mont-roig del Camp han ampliado espacios sin humo; y otros municipios estudian replicar el modelo a corto plazo. El movimiento no responde solo a una sensibilidad ambiental creciente, sino a un enfoque sanitario integral. «Normalizar, visibilizar que un niño vea fumar en la playa quiere decir que lo encuentra una cosa normal, como jugar a pelota o bañarse. Por lo tanto, son comportamientos que queremos prevenir para tener una sociedad más saludable», defendió el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, favorable a que la prohibición se extienda a todas las playas de Cataluña y se incorpore en la futura ley estatal antitabaco. En paralelo, sociedades científicas han pedido acelerar un marco regulador amplio que elimine el humo y las colillas de los espacios naturales más concurridos del país.

La fotografía regulatoria es heterogénea y, a la vez, convergente: aunque el consumo de tabaco suele vetarse sobre la arena, la normativa mantiene excepciones en los chiringuitos —que operan como terrazas— y, en algunos casos, en paseos marítimos adyacentes, lo que obliga a una señalización clara y a esfuerzos de vigilancia equilibrados con campañas de sensibilización. La experiencia de este verano sugiere, además, un desplazamiento desde la pedagogía hacia la sanción efectiva para reincidentes, como ha ocurrido en La Pineda, donde la policía local ha pasado de informar a multar dentro del rango permitido por la ordenanza.

Diputación

La ambición institucional mira más allá del verano. La Diputación de Barcelona impulsa un modelo de ordenanza tipo para que los 25 municipios costeros del área completen la transición a «playas sin humo» antes de 2026, una meta que ya cuenta con la participación de 13 de esos ayuntamientos y que aspira a homogeneizar criterios para reducir la confusión entre bañistas y visitantes. «La medida protege a los no fumadores, reduce residuos y dignifica la experiencia de playa en temporada alta», sintetiza un técnico municipal consultado, que apunta a la reducción de colillas como indicador clave para evaluar el impacto.

Los datos de percepción social acompañan el cambio: encuestas recientes reflejan un aumento del apoyo a restringir el tabaco en espacios abiertos de ocio, incluidas las playas, donde la aceptación de vetos ha crecido con fuerza en el último año. En paralelo, entidades ciudadanas sostienen que las colillas siguen siendo uno de los residuos más abundantes y contaminantes del litoral, con impactos en fauna, microplásticos y costes de limpieza que justifican medidas firmes y sostenidas.

A medio plazo, la clave será la coherencia normativa en todo el litoral catalán y su encaje en una posible reforma estatal, que daría cobertura a vetos generalizados en playas y terrazas.