Los Presupuestos tensionan el día a día entre el Govern y el PSC

La ejecución de los Presupuestos catalanes de este año es uno es uno de los principales dolores de cabeza del PSC dejando a un lado la negociación de la investidura. En gestión, los socialistas ocuparon la centralidad de la política catalana cuando pactaron las cuentas con Aragonès, un acuerdo en la antesala de las pasadas elecciones municipales que les permitió proyectarse como un partido de orden, de gobierno. Ahora, sin embargo, tuercen el gesto ante el «ritmo lento» del Govern y exhiben más complicidades en algunos ámbitos con Junts que con ERC.

Una delegación del grupo parlamentario del PSC encabezada por su portavoz, Alícia Romero, mantuvo esta semana una reunión de trabajo con el Govern para realizar el seguimiento del acuerdo del presupuesto de la Generalitat para 2023.

Fuentes del PSC tildaron la reunión de «decepcionante» y lamentaron que el Govern no facilitara en el encuentro «ni explicaciones satisfactorias ni documentación alguna sobre el nivel de ejecución de las 281 medidas contempladas en el acuerdo». Los socialistas critican que, desde el encuentro mantenido a principios de verano, el porcentaje de medidas finalizadas solo ha pasado del 11 al 16 %, un pobre resultado cuando quedan apenas tres meses para que concluya el año.

«No compartimos la carencia de autoexigencia y la externalización de responsabilidades que aplica el Gobierno para justificar la parálisis de determinados proyectos», aseguraron los socialistas para trasladar la responsabilidad al Ejecutivo de Aragonès.

En un cruce directo de reproches, desde el Govern explican que de las 281 medidas previstas de ejecutar, 224 están en marcha, cuatro finalizadas y 13 pendientes de iniciar. Y de estas últimas, «cinco están bloqueadas por el Estado y no se pueden ejecutar hasta que el Gobierno español mueva ficha». Es decir, devuelven la pelota al tejado socialista y apuntan hacia la Moncloa para añadir un elemento más a su particular lista de agravios económicos.

«Obviamente nosotros queremos cumplir. En este sentido, el 96% tienen un grado de ejecución importante», defendió la vicepresidenta Laura Vilagrà en rueda de prensa.

De hecho, el Ejecutivo de Pere Aragonès saca pecho de haber pactado los dos proyectos de presupuestos de su mandato. En 2021, el aún Govern de ERC y Junts los ató con los Comunes, una alianza que repitió en 2022 Aragonès cambiando, eso sí, a los posconvergentes por el PSC de Salvador Illa. Un argumento que usan para defender su gestión al frente de la Generalitat en solitario –apenas suman 33 escaños de 135– y su apuesta por agotar la legislatura.

Sin embargo, si Aragonès quiere llegar a febrero de 2025 al frente de la Generalitat –fecha en la que debe disolverse el Parlament y convocarse elecciones– tendrá que pactar las últimas cuentas de su mandato, las de 2024. Y lo tendrá que hacer en el momento de mayor debilidad de la legislatura, después de coleccionar diversos varapalos en la Cámara catalana –en el debate de política general, por ejemplo, ERC perdió hasta el 60% de las votaciones– y con sus anteriores socios recelando de la gestión del Ejecutivo.

Desde las filas socialistas, la desconfianza va en aumento tras comprobar la lenta ejecución de las cuentas y la falta de inversión en materias tan sensibles como la sequía. Por ejemplo, en el área de Barcelona, ya plantean tomar las riendas para ayudar a los municipios, algo que es tarea de la ACA, órgano de la Generalitat.