Vivienda
Huelga de alquileres en Cataluña: ¿en qué consistiría y qué consecuencias tendría?
Se trata de una alternativa para defender el derecho a la vivienda que consistiría en dejar de pagar el alquiler de forma masiva
Hace días que se está gestando la idea de hacer una huelga de alquileres en Cataluña –algo que también está ocurriendo en Madrid– debido a la crisis de vivienda causada por los precios desorbitados. Se trata de una alternativa para defender el derecho a la vivienda que consistiría en dejar de pagar el alquiler de forma masiva.
De hecho, durante la exitosa manifestación del sábado pasado –en la que se exigió la bajada del 50% de los alquileres–, el tuit más compartido del Sindicat de Llogateres decía así: "Esto es solo el principio, vamos hacia la huelga de alquileres".
Pero, ¿qué implicaría esta huelga de alquileres? Los expertos en vivienda aseguran que esta actuación no tiene un "encaje legal", debido a que "los inquilinos no tienen reconocido el derecho a negociación colectiva".
Por otro lado, se dice que, si la actuación se acaba materializando en los juzgados, esto podría desembocar en una "ola de desahucios"; sin embargo, también depende del alcance que llegue a tener la huelga y la cantidad de gente que se implique.
Por su parte, el Sindicat de Llogateres lo plantean como una acción bien organizada y masiva. "A partir de mañana, empezaremos a caminar barrio a barrio, bloque a bloque y ciudad en ciudad para que sea una realidad", dijo en la manifestación la portavoz del sindicato, Carme Arcarazo.
En Cataluña, las huelgas de alquileres no son nuevas, de hecho son una medida que existe desde finales del siglo XIX, pasando por la Barcelona de los años treinta y de los años setenta, pero también durante la pandemia de la Covid-19.
En cuanto al impacto económico que esto podría suponer, un reciente estudio del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y de la Universidad Rey Juan Carlos apunta que un impago generalizado del 40% de los inquilinos españoles supondría una pérdida de 18.580 millones de euros al año, una reducción del 1,69% del producto interior bruto, además que se perderían 1,12 millones de puestos de trabajo, con un impacto de 140.000 millones.
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