El Govern ha aprobado este martes una profunda modificación de los reglamentos que regulan tanto la selección de nuevo personal como la provisión de puestos de trabajo y la promoción profesional dentro de la Administración de la Generalitat. El objetivo es claro: reducir drásticamente los plazos, agilizar los trámites y hacer más eficiente la incorporación de nuevos trabajadores públicos y la movilidad interna del personal ya existente.

Según los cálculos del Ejecutivo, la reforma permitirá reducir en un 60% el tiempo total de los procesos selectivos, que pasarán de un mínimo de 24 meses a unos 10 meses. Esto supone un cambio estructural en un sistema tradicionalmente lento y burocrático, que ahora aspira a ser más previsible, transparente y atractivo para captar talento. Las medidas también afectan al personal ya vinculado a la Administración, que verá acortados a la mitad los plazos de resolución de los concursos de provisión de plazas, pasando de 12 a seis meses en los procesos generales.

Uno de los cambios más destacados es que los tribunales de selección podrán constituirse antes de la publicación oficial de las convocatorias, lo que permitirá acelerar el inicio y la resolución de los procesos. Además, la presentación de solicitudes para participar en las oposiciones se reducirá de 20 a 10 días hábiles, y se eliminará el plazo adicional de 20 días destinado a comprobar requisitos, dado que este control se integrará directamente en la fase de valoración de méritos. También se acorta de un mes a 10 días hábiles el período de toma de posesión tras la adjudicación de plaza. A ello se suma la posibilidad de incluir porcentajes adicionales de plazas para aspirantes aprobados sin plaza, con el fin de evitar convocatorias repetidas y optimizar recursos.

En paralelo, el Govern ha introducido cambios significativos en el Reglamento de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional, dirigido a personal funcionario de carrera y personal laboral fijo. En este ámbito, los concursos generales verán reducida su duración máxima a la mitad —de 12 a seis meses— y a solo tres meses en las convocatorias con menos de diez plazas. Además, los concursos específicos y los de libre designación se acortarán un 40%, mientras que los procedimientos simplificados experimentarán una reducción del 90%, pudiendo resolverse en apenas 15 días en algunos casos.

Para hacer posible esta transformación, el Ejecutivo desplegará medidas como la participación electrónica obligatoria, la eliminación de la presentación de documentos ya disponibles en los archivos de la Administración, la concentración de varios trámites en un único acto administrativo y la reducción del plazo de alegaciones a las listas provisionales de 10 a 5 días hábiles. También desaparecerá la propuesta provisional de resolución de los concursos, lo que permitirá agilizar la fase final del proceso.

La reforma forma parte del plan de choque de modernización de la administración pública impulsado por el Govern, con el que se busca responder a las necesidades sociales y económicas actuales y reforzar la accesibilidad y la eficiencia de los servicios públicos. Según la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, estas modificaciones permitirán “simplificar y agilizar” la gestión interna y garantizar un funcionamiento más ágil y previsible de los procesos de empleo público en Cataluña.