Tormenta judicial en el sur de Francia: prohíben el catalán de los plenos municipales

La decisión judicial que acaba de sacudir la “Cataluña Norte” ha desatado una ola de indignación a ambos lados de la frontera. Un tribunal francés ha confirmado la prohibición del uso del catalán en los plenos municipales de varios ayuntamientos del sur del país, un veto que pone fin —al menos por ahora— al intento de normalizar la lengua en las instituciones locales. Lo llamativo es que la resolución, de gran impacto político y cultural, apenas ha ocupado espacio en la prensa francesa, pese a que en los municipios afectados se habla ya de un “ataque directo a la identidad”.

El conflicto viene de lejos. Desde 2022, consistorios como Elna, Portvendres, Sant Andreu de Sureda o Els Banys i Palaldà aprobaron reglamentos internos que permitían usar el catalán durante las intervenciones en los plenos municipales. El prefecto francés —representante del Estado en la región— recurrió esas decisiones de inmediato. Los tribunales administrativos de Montpellier y Toulouse fueron anulando los reglamentos uno tras otro, y ahora el proceso ha quedado definitivamente cerrado: el Conseil d’État, máxima instancia administrativa de Francia, ha rechazado la última apelación.

La decisión establece que en los plenos municipales solo puede utilizarse el francés, salvo que después se añada una traducción, un mecanismo que, según los ayuntamientos, reduce el uso del catalán a una formalidad sin peso real en la gestión pública. Para muchos cargos locales se trata de una marcha atrás histórica.

Entidades como Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua consideran que Francia está “erosionando los derechos lingüísticos” en pleno 2025. Han ofrecido apoyo legal a los municipios afectados y estudian la posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque solo pueden hacerlo ciudadanos particulares, no instituciones públicas.

El contraste con la opinión ciudadana es profundo. Una encuesta reciente apunta a que el 64% de la población de la “Cataluña Norte” defendería la enseñanza obligatoria del catalán en las escuelas, y más de dos tercios apoyarían la creación de algún tipo de estatuto de autonomía regional. Un respaldo social que choca de frente con la estricta doctrina lingüística del Estado francés, que mantiene un modelo monolingüe muy rígido.

Pese a la relevancia del asunto, la cobertura mediática en Francia ha sido escasa. Mientras la prensa catalana e internacional han explicado ampliamente la sentencia, los grandes diarios franceses apenas han dedicado menciones breves al caso. Para los ayuntamientos implicados, este silencio aumenta la sensación de aislamiento.

El futuro inmediato es incierto. Si algún ciudadano lleva el caso a Estrasburgo, Francia podría verse obligada a justificar ante Europa por qué impide el uso del catalán incluso a nivel municipal. Si no ocurre, los consistorios tendrán que acatar la resolución sin más margen de maniobra, salvo mantener la lengua en actos no oficiales.

Lo único seguro es que el debate sobre el catalán en la “Cataluña Norte” acaba de reavivarse y promete seguir generando tensiones entre París y un territorio donde la identidad lingüística sigue muy viva.