ERC

Las tres crisis del Govern de Aragonès: «Sin agua, a oscuras y los niños no saben leer, escribir ni sumar»

Al fuerte descalabro educativo que ha evidenciado el informe PISA se suman la sequía y la falta de Presupuestos

Pere Aragonès y parte de su equipo esta semana
Pere Aragonès y parte de su equipo esta semanaAgencia EFE

El Govern de Pere Aragonès afronta este final de año en el punto de mira por su gestión, la auténtica piedra en el zapato de ERC. Los republicanos pretendían proyectarse desde la Generalitat como un partido capaz de gobernar, y no hacen otra cosa que sumar crisis de calado. A la sequía y la falta de Presupuestos para 2024 hay que añadirle ahora el descalabro educativo que ha evidenciado esta semana el informe PISA. Tres varapalos con repercusiones sociales y económicas a los que tendrá que hacer frente con su histórica minoría de 33 escaños.

Salvador Illa, líder del PSC y jefe de la oposición en el Parlament, lo resumió de la siguiente manera: «Sin agua, a oscuras y los niños no saben leer, escribir ni sumar». Así retrató el socialista la gestión del Ejecutivo, muy duro con los últimos pasos dados por el gabinete de Aragonès que dificultan la negociación de las cuentas para el año que viene.

Sobre el último de los varapalos, el del informe PISA, las consecuencias todavía son difíciles de predecir, aunque la crisis política y social generada es de magnitudes considerables.

Todo después de que las pruebas constaten que los alumnos catalanes se sitúan por debajo de la media española y de la de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en rendimiento medio en matemáticas, lectura y ciencias, ámbitos en los que Cataluña es de las comunidades que registran las mayores caídas de rendimiento. Y Cataluña es la segunda comunidad (la primera es la ciudad de Melilla) que más puntuación pierde en matemáticas si comparamos el periodo comprendido entre 2018 y 2022.

Un varapalo que ha llevado al Govern a plantearse un giro en sus políticas educativas: «La enseñanza de la lectura se ha ido abandonando», reconoció el director general de Innovación, digitalización y currículum del Departamento de Educación, Joan Cuevas. «Lo que nos dicen las investigaciones sobre el trabajo por proyectos es que tiene unos resultados medios en comparación con los métodos tradicionales, por tanto no es un gran avance», apuntó sobre el método por competencias que se aplica en Cataluña.

También ha generado una oleada de críticas políticas la actitud con la que el Govern de ERC ha encajado las malas notas del informe PISA. En un primer momento, Educación las atribuyó a una «sobrerrepresentación» del alumnado inmigrante; y luego tuvo que retractarse ante la organización de los exámenes. De hecho, los Comunes ya han reclamado la comparecencia de la consejera Anna Simó en el Parlament, un gesto que también pide Junts.

Además, el Govern ha tropezado esta semana con la sequía y la idea de llevar agua en barco a Barcelona procedente de otras comunidades. Un propósito verbalizado en rueda de prensa por el titular de Acción Climática sin haberlo consensuado con el Gobierno –la Generalitat admite que quiere pactarlo, pero aún no hay nada cerrado– que provocó el enfado de comunidades como Murcia o las Islas Baleares.

Sobre la crisis hídrica, el Ejecutivo de Aragonès tampoco cuenta con el apoyo de la oposición. El PSC es especialmente crítico por la lentitud de las inversiones pendientes. «En Cataluña estamos viviendo una sequía importantísima, muy mal gestionada por el Govern de la Generalitat. Tanto hablar estos últimos años de no sé qué y tenemos el país sin agua. Estar a lo que no hay que estar lleva a eso», cuestionó Illa sobre el papel del independentismo y su órdago con el «procés».

Sin Presupuestos

Cataluña es la única comunidad –junto a Castilla y León– que no ha presentado por el momento su proyecto de Presupuestos para el próximo año 2024. Sí se han filtrado algunas medidas que el Ejecutivo quiere incorporar en las cuentas: la Generalitat prepara una rebaja del tramo autonómico del IRPF que beneficiará a contribuyentes con una renta de hasta 33.000 euros brutos al año; y quiere ampliar de los 300 euros actuales a 500 la deducción máxima por alquiler de vivienda habitual para rentas de hasta 30.000 euros.