El TSJC fija para abril el juicio a Jové y Salvadó (ERC), los "arquitectos" del 1-O, pendientes de la amnistía

Ya hay fecha para uno de los grandes juicios pendientes contra el "procés", el que implica a los cerebros del 1-O, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, además de la consejera Natàlia Garriga, todos ellos de Esquerra. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fijado para el 10 de abril el inicio de la vista oral, que se alargará 21 sesiones y terminará el 29 de mayo de 2024.

La notificación del calendario del juicio llega justo una semana después de que el PSOE registrara en el Congreso la ley de amnistía. De hecho, en las fechas en que se celebrará podría estar ya vigente la despenalización del "procés" ideada por Sánchez y los partidos independentistas, por lo que la causa decaería. En caso de que no estuviera en vigor, el juicio se celebraría y según lo previsto y sería luego cuando Jové, Salvadó y Garriga se beneficiarían de la amnistía.

En concreto, la Fiscalía pide siete años de cárcel para el diputado de Esquerra Josep Maria Jové y seis años y tres meses para Lluís Salvadó, actual presidente del Puerto de Barcelona, al aplicarles la modalidad agravada de malversación, además de prevaricación y desobediencia por la organización del referéndum ilegal del 1 de Octubre de 2017.

Jové, quien fue secretario de Vicepresidencia con Oriol Junqueras, se expone también a una pena de 32 años de inhabilitación y 30.000 de multa, mientras que Salvadó, exsecretario de Hacienda, afronta 27 años y 3 meses de inhabilitación y multa de 24.000. Jové, además de ser una persona de la máxima confianza de Oriol Junqueras, es también uno de los negociadores de los republicanos con el Gobierno de Sánchez.

La Fiscalía también pide un año de inhabilitación para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, a quien el TSJC procesó por un delito de desobediencia grave por su papel en los preparativos del referéndum del 1-O desde el cargo que ocupaba en el Departamento de Vicepresidencia que dirigía Oriol Junqueras.

Los tres formaban parte del núcleo duro del presidente de ERC en el Ejecutivo catalán en 2017, durante los prolegómenos del 1-O y de las leyes de desconexión aprobadas en el Parlament.

El fiscal atribuye a Jové el documento "Enfocats", que era "una 'propuesta estratégica' dirigida a 'reenfocar el proceso de independencia para un resultado exitoso'" y en el que indagaba sobre una declaración unilateral de independencia.

También hace referencia a las anotaciones de Jové en una agenda Moleskine que llevaba a sus reuniones con otras formaciones para la supuesta organización del referéndum ilegal del 1-O y en la que había una suerte de hoja de ruta hacia la independencia.

Por su parte, la Abogacía del Estado pide una condena de tres años y medio de cárcel para Jové, al que atribuye los delitos de desobediencia y malversación atenuada, mientras descarta acusar al presidente del Puerto de Barcelona, por el referéndum. La Abogacía solicita además una condena de un año de inhabilitación para Natàlia Garriga, únicamente por un delito de desobediencia.

En un comunicado, ERC ha trasladado todo su "apoyo" a los tres dirigentes y su rechazo a la decisión de juzgarlos por el referéndum, lamentando así que "se persigan vías democráticas como el referéndum de 2017".

Para los republicanos, este anuncio del TSJC "es una muestra más de la causa abierta desde hace años contra el independentismo", motivo por el que la formación insiste en que la amnistía es "la mejor herramienta para poner el contador a cero e iniciar una segunda fase hacia la resolución del conflicto político".