Júcar-Vinalopó, el trasvase fallido que intenta resucitar

Hace más de 20 años, en 1998, con José María Aznar al frente del Gobierno central y Eduardo Zaplana como presidente de la Generalitat valenciana, se firmó el gran acuerdo para ejecutar el trasvase Júcar-Vinalopó, un sueño hecho realidad para los regantes alicantinos que se lamentaban año tras año -como sigue sucediendo- de las repetidas sequías que padecían.

Traer agua desde el Júcar ha sido siempre el anhelo no cumplido para los alicantinos y, hoy en día, tras efectuar aquella obra, que costó más de 400 millones de euros lo sigue siendo, puesto que, a excepción de algunos riegos de emergencia, la infraestructura sigue sin entrar en funcionamiento.

La historia de este trasvase ha venido marcada por la discordia desde sus inicios. Tras su firma en 1998, en al año 2005 el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, con Cristina Narbona como ministra de Medio Ambiente, decidió cambiar la toma del inicio del trasvase desde la prevista inicialmente en Cortes de Pallás, es decir, en el nacimiento del río, al Azud de la Marquesa, en Cullera, esto es, en la desembocadura, donde el agua, decían los regantes alicantinos, había perdido ya mucha calidad.

El cambio de toma hizo estallar una guerra entre los valencianos, que no estaban dispuestos a ceder sus mejores recursos a su vecinos del sur, y los alicantinos, que insistían que se trataba de agua no solo para riego, sino también para abastecimiento humano, por lo que requerían la máxima calidad posible. Un conflicto que aún hoy pervive.

Además, la modificación del proyecto supuso un incremento en el coste del mismo que, posteriormente, el Gobierno intentó trasladar a los regantes en la factura que pagaban por el uso del agua.

El portavoz de los usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó, Ángel Urbina, relata como en 2018, cuando se iba a efectuar uno de los envíos de agua de emergencia, el Gobierno les subió el precio del agua desde los 20 céntimos por metro cúbico que estaban pagando hasta los 30 céntimos, un coste que no podían asumir, por lo que la Generalitat valenciana tuvo que hacerse cargo de aquella parte del precio del agua correspondiente a las obras. Desde entonces la situación ha quedado bloqueada y, puesto que por el momento aún no existe Gobierno, los alicantinos siguen esperando la firma de un convenio con el Ministerio en el que puedan acordar un precio razonable para ellos.

Según cuenta Urbina, el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, adquirió con ellos el compromiso de mediar con el Ministerio para conseguir un buen acuerdo.

Además, la Conselleria de Agricultura se ha comprometido a no repercutir en la factura del agua a los regantes el coste de la parte de la infraestructura que asumió la Administración autonómica. Según lo pactado, el Estado se encargaba de la construcción desde el inicio (Cortes de Pallás) hasta la balsa de San Diego y la Generalitat desde Villena hasta el Vinalopó.

«La Generalitat va un poco lenta», dice Urbina, aunque asegura que hasta ahora ha ido cumpliendo los compromisos que había adquirido.

Las obras que todavía faltan

El precio del agua es solo uno de los obstáculos para el arranque del trasvase, pero hay otro mucho más importante: no está acabado. Realmente solo están finalizadas las obras del margen derecho, que es por el que se han realizado hasta ahora los trasvases de emergencia, pero el margen izquierdo está por ejecutar. Desde la Consellera esperan que el tramo I esté acabado en primavera.