Infraestructuras

Las urgencias en obra pública de Fomento para 2020

Los contratistas reclaman un Plan de Infraestructuras con mayor presencia del modelo concesional y un Pacto Nacional del Agua para reducir los efectos del cambio climático

Los autores han escapado por la autopista A-7
Los autores han escapado por la autopista A-7Manuel BruqueEFE

El año 2020 quedará marcado en la historia de las infraestructuras valencianas como el año que la AP-7 pasó a ser gratuita casi en su totalidad (queda un tramo de peaje en la Vega Baja). Sin embargo, los retos a los que debe hacer frente el Gobierno central continúan siendo numerosos. La Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana distingue cuatro bloques de actuaciones.

El primero es la ejecución de un plan de nuevas infraestructuras de transporte. «Debe estar consensuado, con criterios de rentabilidad económica y social», defiende el gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, Manuel Miñés. Insiste en que para cumplir estos criterios, el Ministerio de Fomento cuenta con la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) que se encarga de garantizar que los proyectos licitados son eficientes y se ajustan a la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Los contratistas consideran necesario que este plan recoja las infraestructuras de transporte de mercancías y áreas logísticas, así como las infraestructuras que contribuyan a una movilidad sostenible, ya sea mejorando el trasporte por ferrocarril o con actuaciones que permiten un uso más responsable del vehículo privado, como los aparcamientos disuasorios.

El siguiente eje de trabajo debe ser un plan de Conservación y mantenimiento de la red viaria. Los contratistas recuerdan que la red estatal de carreteras soporta un déficit de 6.000 millones y la autonómica valenciana de otros 300 millones. Miñés recuerda que esta actuación también contribuye a la reducción del cambio climático. «Cada kilogramo de CO2 invertido en conservación de carreteras evita la emisión de 36 kilogramos de CO2 procedente de la mejora en la eficiencia del transporte».

Pacto Nacional del Agua

El debate sobre la necesidad de poner en marcha infraestructuras hídricas se ha acentuado en los últimos años con la necesidad de construir aquellas obras necesarias para evitar inundaciones. «Las medidas de choque para paliar los daños causados en las últimas inundaciones no son suficientes», insiste Miñés, que recuerda las situaciones de sequía son cada vez más frecuentes. «Ante el cambio climático se hacen necesarias más medidas de prevención y protección frente inundaciones, así como la mejora de la capacidad hidráulica de la red de saneamiento de las ciudades».

Por último, los contratistas insisten en la necesidad de desarrollar un modelo concesional y de colaboración público- privada eficiente que complemente la inversión directa que puede realizar el Estado.

Miñés remarca que países como Alemania, Francia, Reino Unido o Italia apuestan por esta fórmula para reservar sus recursos a gasto social.

Explica que estos países dedican del orden de un 60 por ciento más de sus recursos públicos a gasto social (9.700 euros por habitante de media, frente a los 6.500 de España), mientras que destinan un 40 por ciento menos a infraestructuras del transporte, ya que apuestan por las concesiones público privadas para desarrollar estas obras.

Una AP7 sin peajes y sin nuevas conexiones

El Ministerio de Fomento licitó el pasado viernes las obras de ampliación del enlace de la AP-7 en el término municipal de Vinarós. Sin embargo, todavía quedan por iniciar otras nueve obras para que esta carretera libre de peaje puede ser útil a otros municipios de Castellón, como Benicàssim o de Alicante, tales como Oliva, Alzira o Altea.