La ley exigirá un requisito lingüístico a los funcionarios que variará según su puesto

El Consell aprueba este viernes la ley de la Función Pública en la que la Conselleria de Justicia tendrá la última palabra sobre la exigencia del conocimiento del valenciano

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la vicepresidenta Mónica Oltra, discrepan en la manera en la que debe aplicarse el requisito lingüísticoKIKE TABERNER

El Consell dará este viernes el visto bueno al anteproyecto de ley de la Función Pública que regula, entre otras cuestiones, la exigencia del conocimiento del valenciano para los empleados públicos.

Su aprobación ha provocado importantes tensiones entre PSPV y Compromís. Los primeros han defendido desde la Conselleria de Justicia- y con competencias en la función pública- que la exigencia debe ser proporcionada y variable en función del puesto de trabajo del empleado público. Los segundos apuestan por implantar el requisito lingüístico.

Finalmente se ha acordado que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, el Consell aprobará, a propuesta de la Conselleria competente en materia de función pública, la disposición reglamentaria que regule la acreditación del nivel de los conocimientos de valenciano en el empleo público de la Comunitat.

El citado reglamento deberá contar con el informe de la dirección de Política Lingüística, que depende de la Conselleria de Educación, pero será Justicia la que tenga siempre la última palabra, según incidieron desde este Departamento.

Moratoria de un año

El acuerdo alcanzado señala asimismo que las previsiones contenidas en esta ley relativas a la acreditación de los niveles de conocimiento lingüístico entrarán en vigor cuando se apruebe el reglamento sobre la acreditación del valenciano en la función pública.

El pleno del Consell aprobó en enero de 2018 el anteproyecto de ley de Función pública, que recogía que las relaciones de puestos de trabajo incluirían la competencia lingüística requerida en el conocimiento del valenciano, que sería proporcional a las características y necesidades del cargo.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, afirmó el pasado 31 de enero que el acuerdo sobre esta ley era «inminente» y «cuestión de días», dado que existía un acuerdo sobre el fondo de la norma y solo quedaba por cerrar una cuestión «técnica procedimental».