La oposición hará frente común contra el requisito lingüístico

El anteproyecto de ley de Función Pública Ley tendrá que enfrentarse en Les Corts a la oposición. Si el Botànic logra mantener la unidad sobre la regulación del requisito lingüístico- Compromís podría plantear aumentar sus exigencias- logrará sacar la ley adelante. Aún así, se prevé un debate de los que habrá que seguir con detenimiento.

Aunque cada uno con sus matices, ni PP ni Ciudadanos ni Vox apoyan que el valenciano sea una exigencia para acceder a una plaza de funcionario.

Desde el PP afirman que debe ser un mérito, «salvo para aquellos puestos dentro de la administración o la enseñanza en líneas en valenciano. No se puede hacer una Ley que sea excluyente, y eso es lo que quiere Compromís».

Como ejemplo ponen que Pedro Duque, que habla siete idiomas, no podría ser funcionario si no acredita el valenciano. «Es un disparate», argumenta el diputado José Antonio Rovira.

«No puede discriminarse a los empleados públicos en su acceso o promoción por razón de lengua ni alejar a profesionales competentes por no tener el requisito».

En Ciudadanos anuncian que se opondrán a que el requisito lingüístico sea utilizado como «filtro o barrera de contención para el acceso a la función pública».

El diputado Luis Arquillos argumenta que la Constitución reconoce ambas, en cualquier caso, al mismo nivel. «De exigir el requisito lingüístico, estaríamos ante dos flagrantes supuestos de discriminación y de inconstitucionalidad. La de imposición lingüística y por tanto, discriminación, y la de garantizar la igualdad, mérito y capacidad para poder acceder a la función pública».

Recuerdan que en este mismo sentido se pronunció el Consell Jurídic Consultiu.

Arquillos asegura que debe existir el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes al puesto de que se trate y defiende que siempre debe considerarse un «mérito» porque el objetivo es que estén los mejores profesionales en cada campo,

Critica también que el Botànic haya optado por legislar en función de intereses personales o partidistas «con imposiciones o, en algún caso, torpedeando al contrario con elementos que afectan al ciudadano».

Vox irá al Constitucional

«El requisito lingüístico en la Ley de la función pública valenciana es otro paso más en las políticas liberticidas y sectarias para imponer el catalán (que no el valenciano) cercenando los derechos de los valencianos».

Vox se posiciona totalmente en contra de esta exigencia.

Dice que se vulnera el principio de igualdad, «por eso estamos en contra, y si esa ley sale adelante, no dudaremos en recurrirla en inconstitucionalidad. Siempre estaremos en contra de aquellas leyes que generen desigualdad entre españoles».

Apuntan que impedirán la libre circulación de profesionales, «porque un médico valenciano nunca tendrá los mismo derechos para acceder a la función pública en la Comunidad que un valenciano en cualquier otra parte de España.

¿Qué es lo que dice el texto del Consell?

El anteproyecto de ley dice que la exigencia del valenciano debe respetar el criterio de «proporcionalidad y adecuación a las funciones correspondientes». Un reglamento- que contará con un informe favorable de la Conselleria de Educación- determinará su aplicación. Esta redacción no ha contentado a asociaciones próximas a Compromís que, como Escola Valenciana, exigen el requisito para todos los funcionarios.