SOS Hostelería cifra en 12.000 los empleos que se destruirán con la nueva ley del Juego

La plataforma dice que dos de cada diez establecimientos subsisten gracias a las máquinas “tragaperras”

Máquina tragaperras
Máquina tragaperras

La plataforma SOS Hostelería, formada por empresarios del sector hostelero, propietarios de locales y autónomos, intentará frenar la nueva ley del juego que se está tramitando en Les Corts Valencianes al entender que hace peligrar el futuro del sector y puede destruir 12.000 empleos.

La plataforma, liderada por Fidel Molina, presidente de MYR Hoteles y Grupo Comatel, denuncia que la ley “pone en peligro el futuro del sector de la hostelería y del recreativo en la Comunitat Valenciana” y que “no ha existido ninguna voluntad de diálogo ni negociación con los sectores implicados”.

SOS Hostelería ha anunciado que pedirá una reunión “urgente” con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, antes de que se celebre la comisión de Economía en la que se tratará la nueva ley del juego el próximo 10 de marzo

.Molina ha expresado que desde la plataforma entienden que “un gobierno progresista que hace del diálogo su bandera no dejará de atender las peticiones y demandas de un sector tan importante para la economía valenciana como es la hostelería”.

Según esta organización, la eliminación de las máquinas de tipo B (conocidas como ‘tragaperras’) de los establecimientos puede suponer el despido de 12.000 trabajadores de este sector en la Comunitat. “Actualmente, un 60 por ciento de los 34.000 bares y restaurantes existentes en la Comunitat disponen de este tipo de máquinas y muchos de ellos, alrededor de un 20 por ciento, subsisten gracias a los ingresos que facilitan estas máquinas”, añaden.

Desde la plataforma ponen de manifiesto que, con la prohibición que plantea la nueva ley, estos establecimientos “se verán obligados a despedir al personal e incluso cerrar” y alertan, además, que esta destrucción de empleo “afectará a los sectores más vulnerables de la sociedad: jóvenes, mujeres y mayores de 50 años”.

La Generalitat recaudó en 2019 un total de 78 millones de euros por las máquinas ‘tragaperras’, un 30 por ciento más que en 2018, de manera que “la eliminación de estas máquinas supone la pérdida de unos importantes ingresos que el Gobierno no podrá destinar a políticas sociales en el territorio”, según el abogado Santiago Moreno.

Desde SOS Hostelería aseguran que hay un trato discriminatorio al juego privado, ya que la nueva ley “prohíbe estas máquinas en los bares y restaurantes a poca distancia de centros escolares, sanitarios o deportivos, pero permite la instalación de terminales de venta de cupones de la ONCE dentro de este mismo perímetro sin pedir autorización previa a la Generalitat”.

Para Santiago Moreno “es paradójico que un bar no pueda tener una máquina de tipo B pero sí tener una máquina expendedora del rasca de la ONCE o vender lotería, y este doble rasero entre el juego público y el juego privado supone un trato discriminatorio desde la propia administración”.

La plataforma tiene previsto reunirse en los próximos días con los grupos parlamentarios del Consell (PSPV, Compromís y Unides Podem) para trasladar sus argumentos y se reserva la opción de acudir a los tribunales para paralizar una norma que “supone la muerte y la desaparición del sector de la hostelería que da trabajo a más de 205.000 trabajadores en la Comunitat”, ha concluido Molina.