Desarticulan una red de trata y explotación laboral y liberan a 61 víctimas

Trabajaban como temporeros en campañas de recolección de cítricos en las provincias de Castellón, Valencia y Lleida
Trabajaban como temporeros en campañas de recolección de cítricos en las provincias de Castellón, Valencia y Lleida

La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal de trata y explotación laboral de ciudadanos de Europa del Este, especialmente de Rumanía y Bulgaria, y ha liberado a 61 víctimas, que trabajaban como temporeros en campañas de recolección de cítricos en las provincias de Castellón, Valencia y Lleida.

Los cabecillas de dicho entramado criminal, un matrimonio de nacionalidad rumana, habrían captado y traslado a España en los últimos a más mil personas, de cuyo trabajo se habrían lucrado ilícitamente y a las que explotaban en unas condiciones inhumanas.

En la denominada operación “Bravos” han sido detenidas cinco personas, todas de nacionalidad rumana, a las que se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal y de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Cuatro de ellos han ingresado en prisión, ha informado la Guardia Civil.

Las dos personas con más peso en esta organización delictiva son un matrimonio, M.M y S.M, de 49 y 45 años respectivamente, afincados en la provincia de Castellón y con antecedentes policiales por hechos similares.

En la última fase de esta operación, los agentes han liberado a 21 víctimas, aunque en los últimos meses se ha tomado declaración a 61 personas que, en la mayoría de casos, han regresado a sus países de origen, y sus manifestaciones han sido fundamentales para corroborar los hechos.

Las víctimas eran captadas en Rumanía y Bulgaria, aprovechando alguna situación de vulnerabilidad económica o personal, y les ofrecían un contrato de trabajo en España con remuneraciones en metálico, una vivienda digna y gratuita durante toda la duración del contrato laboral, han relatado las fuentes.

La mayoría, ante la escasez de ingresos para comprar productos de primera necesidad como medicamentos o comida, aceptaba la oferta y en muchos casos, se pagaban ellos mismos el traslado en autobús o incluso por vía aérea.

Al llegar a España, y una vez distribuidos en distintas casas, los recibía el matrimonio, quienes les informaban de que tenían que tener solicitar documentos como el NIE para poder trabajar legalmente y por lo que les cobraban 20 euros, pero nunca se los llegaban a entregar.

Además, les decían que no podían salir bajo ningún concepto de las casas, salvo para trabajar, y que tendrían que ir siempre acompañados por personas de red delictiva investigada, que les aleccionaban sobre qué decir ante posibles inspecciones.También les cobraban tres euros diarios en concepto de traslado al trabajo y otros 75 euros mensuales en concepto de alquiler de vivienda, algo que supuestamente era sin coste.

La jornada laboral también cambiaba respecto a las condiciones ofertadas, ya que en realidad trabajaban 7.30 a 18.30 horas, de lunes a domingo, con un descanso de 15 minutos para comer y descansaban solo ante inclemencias meteorológicas adversas.Además, al captarlos les dijeron que les pagarían en metálico pero les obligaron a abrir una cuenta corriente para cobrar por transferencia pero el matrimonio se apropió de sus libretas físicas y retiraba dinero a su antojo de las nóminas que ingresaban las Empresas de Trabajo Temporal.

La mayor parte de ese dinero lo remitían a su país de origen para blanquearlo y a las víctimas les pagaban en metálico cantidades irrisorias y les descontaban sus supuestas deudas e incluso utilizaban la violencia si protestaban.Los agentes detectaron que, por convenio, estas recolecciones se paga a 1,20 euros por capazo, y los jornaleros los trasladan hasta el camión pero la organización les obligaba a cargarlo y apilarlo, cuando eso legalmente correspondería a otra cuadrilla.

A todas estas irregularidades se suma que las víctimas dormían y hacían vida en condiciones de hacinamiento y sin ningún tipo de privacidad, ya que compartían habitaciones, en algunos casos hasta 25 personas en tres habitaciones y una cocina común en una de las casas.

La operación ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción 2 de Nules (Castellón) junto a la Fiscal Delegada de Extranjería de Castellón, y llevada a cabo por la Sección de Trata de Seres Humanos de la UCO y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Castellón, con el apoyo de unidades como USECIC y Servicio Cinológico.