Educación prevé que el proceso de admisión de alumnos comience a finales de mayo

El proceso de admisión de los alumnos para el curso 2020-2021 no comenzará hasta finales de este mes. En los últimos años, el plazo para presentar las solicitudes suele ser a mediados de mayo, sin embargo, la situación de emergencia generada por el covid-19 ha obligado a la Conselleria de Educación a poner en marcha un proceso telemático en el que todavía está trabajando.

La previsión del departamento que dirige Vicent Marzà es que el proceso pueda comenzar a finales de este mes o a principios de junio, la fecha se concretará durante las próximas semanas. Educación garantiza que se habilitarán puntos de atención presenciales para aquellas familias que no tienen acceso a medios telemáticos.

Por lo que respecta al bono infantil, una ayuda económica mensual dirigida a sufragar parte de la mensualidad de los centros de cero a tres años, Educación recuerda que el pasado año se convocaron el 11 de junio y prevén que la tramitación se haga en fechas similares.

El coronavirus también ha obligado a la Conselleria de Educación a modificar la aplicación del plan de plurilingüismo y a mejorar la plataforma para impartir educación on line. Así mismo, también ha decidido ampliar los días lectivos del curso que viene para tratar de impartir contenidos que no han podido abordarse durante este último trimestre.

Por lo que respecta al anuncio del Gobierno sobre la finalización del actual curso, Educación ha admitido que el Consell debe tomar decisiones en diferentes áreas que están aún en estudio.

Tabletas y rúteres

La Conselleria de Hacienda ha autorizado la adjudicación por tres millones de euros del contrato para el suministro de 14.000 tabletas con conectividad a la mercantil Telefónica Móviles España SAU, de los que 2.625.700 euros se destinan a la adquisición de tabletas y 410.190 euros a la adquisición de bonos de datos.

Asimismo, se ha procedido a la adjudicación del contrato acordado por la Conselleria de Hacienda para el suministro de 700 rúteres con conectividad, por un importe de 53.900 euros (IVA excluido). Ambas medidas van destinadas a garantizar el derecho a la educación y el acceso a la administración electrónica.