El sector valenciano del juego exige que se paralice la Ley que lo regula

Las Asociaciones del sector del juego, los hosteleros de la Comunitat Valenciana y el sindicato UGT han pedido de forma conjunta la paralización de la Ley del Juego de la Comunidad Valenciana ante la grave situación económica y de empleo que puede generar su aprobación.

Estas organizaciones han mostrado su preocupación ante la posible aprobación en Les Corts Valencianes de la nueva Ley del Juego, que se redactó en un escenario pre Covid-19, lo cual la deslegitima completamente, al haber cambiado drásticamente nuestro mundo y sociedad.

“La aprobación de esta ley supondría el cierre de más del 95% de los Salones de Juego en los próximos años, hará grandes estragos en el empleo y las arcas de públicas de la Comunidad Valenciana, agravando la situación generada por el Covid-19”, ha señalado Miriam Mayordomo, presidenta de ANESAR CV.

El sector del juego en la Comunidad Valenciana supone el 2,3% del PIB de la región y genera 140 millones de euros en impuestos directos para la Hacienda Valenciana, por lo que la aprobación en estos momentos de la Ley del Juego supondría un grave impacto económico tanto en el PIB de la Comunidad Valenciana como en el propio sector del juego, llevando al cierre de más de 400 salones de juego y a la pérdida de empleo de casi 3.000 empleos directos del sector y cerca de 8.000 indirectos.

Hay que recordar, dicen estas asociaciones, que la Ley está basada en unas hipótesis de partida y escenarios totalmente caducos a día de hoy, y consta de medidas ya de por sí tremendamente restrictivas con el sector del juego, que verán sus efectos potenciados por la pandemia, por lo que sus consecuencias en el dinamismo del sector turístico y hostelero en la región, uno de los sectores que más se ven perjudicados por la crisis del Covid-19, serán muy negativos y de gran cuantía.

Según las propias palabras de Manuel Espinar, presidente de CONHOSTUR, “el sector turístico sufrirá los daños más persistentes y estará abocado a un ajuste estructural por lo que crecerá más lento en España y en la Comunidad Valenciana. No podemos permitirnos el lujo de nuevas normativas que empeoren la actual situación, teniendo en cuenta que muchos empleos de ocio y hostelería dependen del sector del juego”.

Desde el sindicato UGT-PV, se recuerda que el sector del juego privado en la Comunidad Valenciana aporta a las arcas de la región (situación pre Covid-19) 140 Mill. € en impuestos y 39,2 Mill. € en cotizaciones a la seguridad social, además de 7.000 empleos directos y 30.000 indirectamente en el sector de hostelería.

El Covid-19 ha mermado la situación con ERTES en la práctica totalidad de las empresas del sector del juego y del sector de la hostelería. “Se establecerá una comisión sectorial de garantía de empleo y formulas de flexibilidad para garantizar el retorno de la actividad y del empleo. Se debe priorizar que la actividad de los salones de juego tenga las mismas medidas de admisión y control que el resto de los subsectores de juego privado, ya que esta medida es la que garantiza que la actividad se desarrolle con total garantía para la Sociedad. Las medidas de distanciamiento planteadas generan inseguridad jurídica para los salones de juego que están actualmente desarrollando su actividad y protegiendo el juego legal. De otra manera podemos dar pie a una actividad de juego no legal. Por tal motivo, solicitamos un nuevo proceso normativo que dé más garantías a los/as trabajadores/as del sector”, ha comentado Gonzalo Aranda, Secretario Sectorial de Hostelería y Turismo de la Federación Estatal de Movilidad y Consumo de la UGT-PV.

“Tenemos que pensar en salvar vidas y reconstruir un país, no en temas ideológicos. No podemos poner en peligro puestos de trabajo por malas decisiones. Para garantizar la sostenibilidad de la actividad hace falta mejorar el marco regulatorio estableciendo las medidas necesarias dirigidas a acabar con la alarma social existente en la actualidad, pero sin que estas impliquen el fin de una actividad, generadora de riqueza, empleo de calidad, tributos y, sobre todo, entretenimiento para la Comunidad” apunta Alejandro Landaluce, director general de CEJUEGO. Además, Encarna Gaspar, presidenta de ANDEMAR CV recuerda que “el juego problemático en la Comunidad Valenciana se sitúa en un 0,3%, el mismo nivel que en el resto de España, siendo nuestro país uno de los cinco países del mundo con menor tasa de juego problemático”.

“También nos gustaría recordar que desde el inicio de la tramitación de esta ley hasta el último momento antes de la votación de las enmiendas, el sector ha trasladado a los partidos del Botánic propuestas alternativas dirigidas a paliar el impacto negativo de la misma en el empleo y recaudación fiscal, pero buscando dar respuesta a las demandas de la ciudadanía” ha añadido Gaspar.

Ante la situación tan devastadora que el Covid-19 plantea para el empleo, la sociedad en su conjunto necesita apoyarse en todas las industrias y sectores capaces de generar empleo y riqueza, por lo que no se entiende, especialmente ahora, la aprobación de este tipo de leyes, que merman la capacidad de recuperación de todo un sector y, por ende, la capacidad de recuperación del empleo nacional.