Tribunales

Aplazado el juicio a los hermanos Anglés por extorsión y lesiones

A golpes consiguieron que un empresario les cediera el 40 por ciento de las acciones de una gasolinera, según el fiscal

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Las declaraciones de los imputados en el caso que investiga la actuación de la Conselleria de Igualdad han terminado hoy en la Ciudad de la Justicia de ValenciaIvan TerronIvan Terron

El juicio contra los tres hermanos de Antonio Anglés, el presunto asesino de las niñas de Alcàsser, y otro hombre, a quienes el fiscal pide penas de entre cinco y doce años de cárcel por delitos de extorsión y lesiones, entre otros, ha sido aplazado al no alcanzarse un acuerdo de conformidad con la acusación.

La Audiencia Provincial había fijado el juicio para ayer martes con el fin de abrir la posibilidad de dejarlo visto para sentencia si las partes accedían a llegar a un acuerdo. Este tipo de acuerdos suele implicar una cierta rebaja en la pena solicitada a cambio de que los acusados asuman la realidad del delito y su condena, pero el acuerdo no se produjo, de modo que la Audiencia ha dejado el asunto pendiente de nuevo señalamiento de fecha.

El fiscal, en su escrito, considera que los cuatro acusados, tres de ellos los hermanos de Antonio Anglés, deben ser condenados por delitos de extorsión en concurso con delito leve de lesiones, tenencia ilícita de armas y delitos contra la salud pública, y por ellos solicita penas de entre cinco y doce años de prisión.

Según relata la acusación pública en su calificación jurídica, los acusados abordaron en la casa de uno de ellos, en Massanassa (Valencia), a un hombre al que habían citado previamente para recriminarle que hubiera robado 500.000 euros guardados en un vehículo.

Cuando la víctima negó la acusación, uno de los encausados le encañonó con una pistola y le amenazó con clavarle una jeringuilla infectada, según le dijo, con sida, y a continuación, los cuatro acusados le propinaron patadas y puñetazos.

Consiguieron así doblegar su voluntad para obligarle a acompañarles a una notaría, donde firmó la cesión del 40 por ciento de acciones que poseía en una gasolinera de Yecla (Murcia) a favor de uno de ellos, que era copropietario de la empresa, mientras que los acusados niegan la realidad de estos hechos.